Llamazares afirma que "las grandes rentas en España eluden el fisco de manera generalizada" y pide medidas contra el fraude fiscal
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
El candidato de Izquierda Unida (IU) a la presidencia del Gobierno, Gaspar Llamazares, anunció hoy que su coalición propondrá un impuesto sobre beneficios extraordinarios para las grandes empresas financieras, consistente en incrementar del 30% actual al 35% el tipo del Impuesto de Sociedades, y que contaría con una tasa adicional cuando estos beneficios anuales crezcan tres veces más que el IPC, "en torno aproximadamente al 15%".
En rueda de prensa en la sede de su organización, añadió que algunas empresas superan con creces esos beneficios, con aumentos superiores al 15% por año. El redactor del programa de IU, Pedro Chaves, comentó a los periodistas al término de la comparecencia que el primer año en el que entraría en vigor esta medida sería en 2008 porque hacerlo retroactivo sería "ilegal" y, además, afectará a las empresas con sede fiscal en España.
Según Llamazares, este impuesto serviría para cambiar el modelo de desarrollo y para "proteger a los afectados por el cambio de ciclo económico". "Algunas de las grandes empresas financieras españolas han cotizado en el último año a la Hacienda Pública en un porcentaje inferior a un funcionario del grupo B, por debajo del 18%", denunció.
El dirigente de IU insistió en que a lo largo de este periodo largo de crecimiento económico se han producido beneficios "extraordinarios en empresas españolas, por ejemplo en algunos casos de más del 20% acumulativo anual, mientras los salarios apenas mantenían su poder adquisitivo".
Añadió que hay empresas que cotizan en el Ibex que han logrado beneficios con un crecimiento del 30% anual, y beneficios de la banca del 50% anual acumulativos. Por eso, consideró "preciso que estos beneficios se redistribuyan y permitan afrontar el cambio de ciclo y la crisis".
El líder de IU evitó dar cifras concretas de lo que se podría recaudar con este impuesto, pero puntualizó que "podría estar en el índice de lo que el Gobierno se propone devolver a los ciudadanos, en torno a 4.000 ó 5.000 millones de euros".
En este sentido, añadió que además de esta iniciativa, la lucha contra el fraude fiscal es una de las "medidas más importantes" que hay que desarrollar, puesto que "equivaldría al 5% del PIB, de manera que sumada al impuesto, se podrían alcanzar los 7.000 u 8.000 millones de euros".
Llamazares estimó que, ante la "crisis", no hay que lanzar el "ajuste sobre los trabajadores, sino que debe haber solidaridad de los más beneficiados por el período de crecimiento, para así mejorar las condiciones salariales, incrementar el gasto público y mejorar las políticas sociales, y para promover el cambio en el modelo de desarrollo".
"Los jóvenes y las mujeres son los más afectados por el cambio de ciclo por tener un tipo de empleo precario, y ellos no pueden ser los que paguen la crisis, sino que deben hacerlo quienes más beneficios han tenido en los últimos años, beneficios que han sido en algunos casos superiores al 50 por ciento acumulativo anual", argumentó.
CONVERGER CON UE EN GASTO SOCIAL.
Asimismo, Llamazares afirmó que es necesario a lo largo de dos legislaturas converger en gasto social con la UE, lo cual significa "más de 70 millones de euros adicionales". A su juicio, es también necesario favorecer un "mayor equilibrio del sistema económico y es imprescindible financiar las políticas de sostenibilidad que cambien el modelo hacia otro ecológico, sobre todo financiando la Ley de Energías Renovables".
"Todo esto debe financiarse con la lucha contra el fraude fiscal, con una mayor progresividad de los impuestos y con impuestos sobre los beneficios extraordinarios, excesivos que ha habido en España a lo largo del último período y que han favorecido el aumento de la especulación", indicó.
En esta línea, agregó que "frente a las rebajas y los cheques a cambio de supuestas mejoras de servicios sociales", IU cree que la "prioridad para la próxima legislatura es tener una hacienda pública justa y un Estado del bienestar que garantice derechos".
