Solbes acusa a los 'populares' de hacer críticas "gratuitas e infundadas" y el PP le responde que es una "patada" al contribuyente
MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy, con los votos del reto de los grupos, la enmienda de totalidad del PP contra al proyecto de Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, que superó así su primer trámite parlamentario y que ahora pasará a su debate en comisión.
En la defensa del proyecto de Ley, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, afirmó que esta norma pretende potenciar las facultades de actuación de los órganos de control, mejorar la información de la que dispone la Agencia Tributaria y lograr mayor eficacia en el ingreso efectivo de las deudas tributarias, una vez detectado y regularizado el fraude.
Solbes, que señaló que el fraude fiscal merma los ingresos públicos y desplaza la presión fiscal hacia los contribuyentes cumplidores, indicó que esta ley es la culminación del Plan de Prevención del Fraude, puesto en marcha en 2005, y que, según el ministro, permitió aumentar las actuaciones de control un 12,9% el pasado año (hasta los 4.583 millones) y un 14,1% la recaudación.
Entre las medidas del proyecto de Ley, Solbes destacó la obligación de incluir en la escritura pública los medios de pago utilizados en la compra de un inmueble y el NIF de los que intervienen para poder inscribirla en el registro de la propiedad.
SECTOR INMOBILIARIO Y DINERO NEGRO.
El objetivo de esta medida, añadió, es conocer con precisión los datos de las transacciones inmobiliarias, con el fin de evitar la utilización de dinero negro en las operaciones de compraventa inmobiliaria. Además, se exigirá que los contratos de arrendamiento de energía eléctrica incluyan la referencia catastral, al objeto de detectar la existencia de alquileres no declarados.
En el ámbito de la lucha contra las tramas de fraude en el IVA, el ministro dijo que se podrá exigir responsabilidad subsidiaria por el IVA no ingresado a las empresas que realicen adquisiciones de mercancía a otras entidades pertenecientes a tramas de fraude en este impuesto.
Solbes precisó que esta medida se prevé para aquellas empresas que debieran "razonablemente" presumir que han adquirido mercancías a entidades que no va a ingresar el IVA repercutido, y que por ello han obtenido un beneficio extraordinario derivado del impago de impuestos. "Se trata de un supuesto previsto para empresas que se dedican habitualmente a comercialización de ciertos bienes y que, por tanto, conocen perfectamente su valor real", añadió.
RETENCIÓN DEL 3% EN MÓDULOS.
En módulos, apuntó que el proyecto de Ley prevé una retención del 3% en las facturas emitidas por empresarios en régimen de estimación objetiva destinadas a otros empresarios, con el fin de evitar la emisión de facturas falsas; mientras que en el ámbito de paraísos fiscales, se presumirán residentes en España a las entidades radicadas en estos paraísos cuando tengan aquí su actividad o sus bienes y derechos principales.
Otras de las novedades de la norma, es el nuevo tratamiento que se da a las operaciones vinculadas, con la finalidad de garantizar que los valores y precios declarados en estas operaciones sean los precios de mercado.
Además, dentro de las medidas previstas en fase recaudatoria se prevé que cuando se utilicen sociedades interpuestas para eludir el pago de impuestos, la administración podrá exigir directamente la responsabilidad tributaria a quien tenga el control efectivo de estas sociedades.
Tras mencionar las principales medidas de la ley, Solbes entró directamente en los argumentos esgrimidos por el PP en la enmienda de totalidad y, después de calificar sus críticas de "gratuitas e infundadas", negó que el proyecto de ley vaya a suponer más obligaciones formales a los contribuyentes o que falten medios para combatir el fraude.
DEFENSA DEL CONSORCIO DE AGENCIAS.
Igualmente, acusó a los 'populares' de traer a colación el Estatuto de Cataluña para "profetizar" sobre la cesión de competencias de inspección a las comunidades autónomas o la partición de la Agencia Tributaria. "Nuevamente, nada que ver con el proyecto de Ley que hoy debatimos", añadió.
Para Solbes, la creación de agencias tributarias por las comunidades constituye solamente una decisión de organización administrativa, y aseguró que "no altera en nada" el régimen competencial y el contenido de su ejercicio. En su opinión, el Estatuto recoge sólo una profundización en las fórmulas de colaboración, previendo la creación de un consorcio con la agencia estatal.
"Medidas de este tipo no suponen fraccionar la Agencia ni poner en peligro la actividad de ésta en relación con la lucha contra el fraude, sino todo lo contrario: a mayor cooperación entre administraciones tributarias, mayor intercambio de información y mayor trabajo conjunto, más posibilidades tendremos de evitar y combatir el fraude", reiteró.
PP: "PATADA" AL CONTRIBUYENTE.
Desde el PP, la diputada Ana María Madrazo indicó que su grupo ha presentado la enmienda de totalidad por "responsabilidad" y por entender que se trata de una ley que supone una "patada tributaria" al contribuyente por obviar su presunción de inocencia y juzgarlo como "cómplice" del fraude.
Además, indicó que el proyecto se basa en conceptos jurídicos "indeterminados y ambiguos", como en el caso de la responsabilidad subsidiaria en las tramas del IVA, al tiempo que criticó que recoge un conjunto de "ajustes técnicos", que no servirán para mejorar la lucha contra el fraude, y aumenta las obligaciones formales de los contribuyentes.
Tras afirmar que el PP está dispuesto a dar su apoyo a una ley que "verdaderamente" tenga intención de acabar con el fraude, Madrazo subrayó que el proyecto del Gobierno introduce elementos de inseguridad jurídica "preocupantes", reduce las garantías jurídicas necesarias para los contribuyentes y no contempla medios necesarios para combatir el fraude.
La diputada popular aprovechó el debate de la ley para arremeter también contra el Estatuto de Cataluña, ya que, en su opinión, supone dividir la Agencia Tributaria, lo que fomentará la "descoordinación y pérdida de información". "Un Gobierno como el PSOE que impulsa 17 agencias tributarias diferentes, no tiene ninguna responsabilidad para impulsar una ley de lucha contra el fraude fiscal", concluyó.
NINGUN GRUPO APOYA LA ENMIENDA.
Por su parte, el resto de los grupos parlamentarios rechazaron la enmienda de totalidad del PP, pero coincidieron en indicar que se trata de un proyecto "insuficiente" para luchar contra el fraude y anunciaron su intención de enmendar la ley durante el trámite parlamentario. Esta fue la posición de CiU, ERC, IU-ICV CC y BNG.
Desde CiU, grupo que se ha convertido en el principal socio del Gobierno en materia de política fiscal tras las enmiendas de totalidad de ERC e IU-ICV a la reforma fiscal, su portavoz económico, Josep Sánchez-Llibre propuso mejorar los medios técnicos y materiales, modificar el sistema de retribución de los inspectores tributarios y eliminar la retención del 3% en la emisión de facturas entre profesionales en módulos.
Sobre este último punto, dijo que si, finalmente, su grupo no logra el apoyo necesario para suprimir esta retención, propondrá que se rebaje hasta el 0,3% ó el 0,5% "como máximo".
