MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP y CiU han rechazado en el Pleno del Congreso de los Diputados la propuesta del PSOE de reforzar la lucha contra el fraude fiscal, pese a compartir con el resto de grupos la necesidad de afrontar este objetivo.
En su propuesta, el PSOE reclamaba la creación de una Oficina de Lucha Contra el Fraude "de carácter especializado" desde donde se "combata con total contundencia y máxima eficacia el fraude fiscal" y se "prevenga y reprima el blanqueo de capitales", así como la mejora de los instrumentos legales de intercambio de información.
En el plano legislativo, defendía el aumento del plazo de prescripción penal hasta los diez años para delitos de fraude fiscal, la revisión de las penas para estos cargos y la reforma de los procedimientos judiciales abreviados y urgentes para este tipo de delitos.
Asimismo, el PSOE reclamaba "defender ante los organismos internacionales el aislamiento y la progresiva desaparición de los paraísos fiscales y la transparencia de los movimientos de capital entre países", la implicación de la sociedad en la condena de la evasión fiscal, la implantación del 'dinero digital' y la prohibición de hacer operaciones comerciales de más de 3.000 euros en metálico.
FUNDAMENTAL PARA COMPENSAR LOS RECORTES
El portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ha defendido la iniciativa recordando que "la política fiscal es fundamental para la política presupuestaria" ya que permitiría obtener ingresos que compensarían los recortes necesarios para cumplir con el compromiso de consolidación fiscal.
Por eso, el diputado ha recalcado que "la lucha contra el fraude debe ser una prioridad de cualquier gobierno, especialmente en este momento" y ha criticado el plan de lucha contra el fraude del PP por ser "muy poco ambicioso" y el cambio de los responsables de la Oficina Antifraude de la semana pasada.
La iniciativa de los socialistas ha obtenido el respaldo de los partidos incluidos en el Grupo Mixto (salvo Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro), que aunque han mostrado su escepticismo con respecto a los resultados, han decidido votar a favor por el objetivo que inspira la propuesta.
APOYO DE LOS GRUPOS MINORITARIOS
El portavoz de BNG, Francisco Jorquera, ha recordado que sólo con reducir el déficit a la media europea se conseguirían unos 25.000 millones al año, "lo mismo que se tiene que recortar" y además no afectaría a la equidad del sistema porque "las grandes empresas defraudan el 70 por ciento del total".
Por su parte, Joan Tardà (ERC) ha reconocido estar "sumido en el escepticismo" al saber que "el fraude fiscal seguirá existiendo" porque sólo se podrá acabar con él "atacando a los ricos y punto" algo que, a su juicio, el PP no estará dispuesto a hacer.
El diputado de Amaiur Rafael Larreina ha compartido este escepticismo y también la necesidad de acometer esta tarea "por justicia social, igualdad y solidaridad", ya que es "inadmisible que los grandes queden siempre al margen" de este tipo de obligaciones. Por ello, la izquierda abertzale propone cambios legislativos para "abordar el fraude legal" que representan las Sociedades Patrimoniales y las Sicav.
SÍ CON ALGUNOS CAMBIOS
También la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha expresado su apoyo a la iniciativa del PSOE, aunque ha registrado una batería de enmiendas complementarias del texto. El diputado José Luis Centella ha defendido la postura de la coalición, que lamenta que los socialistas "hayan tenido que perder unas elecciones para darse cuenta de que bajar impuestos no es de izquierdas y que una política fiscal justa empieza por luchar contra el fraude".
Por ello, ha propuesto aumentar los recursos materiales y humanos de la Agencia Tributaria y, sobre todo, "cambiar los procedimientos de trabajo", ya que actualmente el 80 por ciento de los inspectores vigilan el pequeño fraude mientras que el 70 por ciento lo defraudan grandes empresas.
Asimismo, IU-ICV-CHA ha pedido reducir la cantidad máxima para transacciones en metálico a mil euros y también ha propuesto que se inste a la UE a eliminar los billetes de 500 euros, porque "si no sirven para circular es que tienen otra finalidad". "Las estadísticas dicen que cada español tiene dos billetes y medio de 500 euros, así que alguien tiene los billetes de nuestro grupo", ha bromeado.
REPROCHE SOCIAL
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha añadido una serie de propuestas a la iniciativa socialista, tales como penas más duras para los delitos contra la hacienda pública o de ingeniería fiscal, que la tributación de las Sicav se acerque al 30 por ciento, modificar el tratamiento fiscal de deportistas de élite y de no residentes, y modificar la ley concursal para que quien liquide sus deudas fiscales no pueda reanudar la actividad económica.
Además, ha recordado que es necesario "avanzar hacia un sistema democrático en el que los ciudadanos sepan que defraudar es robar a otros ciudadanos, que es algo a perseguir y que hay que pagar porque (los impuestos) sostienen las políticas y los servicios públicos".
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha expresado su acuerdo con estas palabras, apuntando que "quienes cometen fraude fiscal son merecedores de la censura penal, política y social" y recordando que "el fraude no se hace al gobierno sino a todas las personas que pagan religiosamente sus impuestos". "Es una lacra insostenible e injusta", ha dicho.
Sin embargo, también ha reprochado a los socialistas su "fracaso" en esta materia durante las últimas dos legislaturas, argumentando que "se ha ido a lo fácil y no a perseguir las grandes bolsas de fraude". Por último, ha reclamado más recursos y capacidad para que la Agencia Tributaria pueda luchar realmente contra este fenómeno.
PROPUESTA ASOMBROSA
En la misma línea, el diputado de CiU Antoni Picó ha defendido que "es una exigencia de justicia social priorizar y reforzar las políticas de lucha contra el fraude fiscal" pero ha apuntado que "lo fundamental es articular un plan completo" y no "cargar más obligaciones a los contribuyentes ni crear nuevas oficinas ni hacer cambios legislativos".
Lo que sí ha reclamado a través de una enmienda es que en las comunidades como Cataluña se cree un consorcio con las agencias tributarias estatal y regional para trabajar en esta línea" y que "más que revisar lo declarado se busque lo oculto, lo no declarado".
Finalmente, el diputado 'popular' Fernando López-Amor ha considerado "asombrosa" la propuesta del PSOE, que se produce "tres meses después de dejar el Gobierno". "Siendo loable el intento han tenido ocho años para profundizar en ello, y se lo hubiéramos agradecido todos porque habrían dejado un déficit bastante menor", ha reprochado.
Por eso, "aun compartiendo el objetivo final de conseguir ingresos fiscales con mayor justicia tributaria", el PP ha rechazado la proposición socialista y ha presentado una enmienda de sustitución "omnicomprensiva" y que "toca un punto decisivo y capital: el de la asistencia mutua".
"El Gobierno está en fase de estudio y cuando haya que tomar las decisiones normativas se traerá a la Cámara para ajustarlo a las necesidades de la lucha contra el fraude", ha comprometido.
