MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. ha reclamado este jueves a la Administración General del Estado (AGE) que proceda al pago de la compensación económica de la reducción de jornada por atención a hijos con cáncer u otra enfermedad grave a una madre que se encuentra en esa situación.
En una nota, el sindicato denuncia que continúa el "esperpento" en la AGE, ya que la Seguridad Social y Función Pública se "pasan la pelota", lo que ha hecho que una madre con una hija gravemente enferma se vea obligada a reclamar judicialmente una prestación a la que "nadie discute su derecho".
CC.OO. explica que en 2010 se aprobó para los trabajadores una reducción de jornada para quienes tuvieran la necesidad de atender a un hijo menor de 18 años aquejado por cáncer u otra grave enfermedad.
Para garantizar el disfrute del permiso por parte de todos los trabajadores se adoptaron además medidas de carácter retributivo, con el objetivo de conseguir el mantenimiento del poder adquisitivo de las familias afectadas, a través de dos instrumentos, como una prestación del sistema de la Seguridad Social para dar cobertura económica con carácter general.
Para el personal de las administraciones públicas se buscó una vía alternativa, la introducción de un nuevo epígrafe en el Estatuto Básico del Empleado Público, para garantizar las retribuciones de los empleados públicos afectados por esta situación. En teoría, se reconocía como de aplicación además de al personal funcionario, al personal laboral que presta sus servicios en las diferentes administraciones públicas.
"Al menos eso era lo que creíamos hasta ahora en que descubrimos que las cosas no son tan simples y el personal laboral, al menos el de la AGE, se queda sin cobertura económica, al parecer por encontrarse en una especie de limbo del que nadie se responsabiliza", denuncia el sindicato.
En concreto, la prestación económica se deniega por la Seguridad Social al considerar que, como empleada pública, es la administración en la que presta sus servicios, la AGE, quien debe abonárselo, pero también se la deniega la AGE porque entiende que el artículo es de aplicación exclusiva al personal funcionario.
Para CC.OO., esta situación se debe exclusivamente a la "falta de voluntad y a la incompetencia de quienes son responsables de gestionarla", y supone "una nueva expresión de la sensibilidad de este Gobierno del PP, al menos con los empleados públicos".
