MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha anunciado este miércoles que tiene el propósito de aprobar un nuevo acuerdo "de amplio alcance" para seguir avanzando en las mejoras del empleo público y las condiciones de trabajo.
Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Función Pública en el Senado, donde ha remarcado que el Gobierno mantiene su compromiso con las retribuciones de los empleados públicos. También ha hecho hincapié en que el diálogo con las organizaciones sindicales es un elemento "vital" en la acción diaria de su Ministerio.
La titular de Política Territorial y Función Pública ha dejado claro que va a realizar una defensa "férrea" del servicio publico, con respeto y consideración a todos los empleados públicos. "Los empleados han demostrado una generosidad y entrega digna de elogio, lo han hecho en tiempos difíciles", ha remarcado.
La subida salarial del 2% para los empleados públicos aprobada por el Gobierno para este año, a la que podría sumarse un 0,3% de fondos adicionales, se deriva del II Acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública (CSIF, CC.OO. Y UGT) en 2018 que dejaba de tener vigencia este año.
El acuerdo contemplaba un incremento del salario de funcionarios del 1,7% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a lo que se podía añadir más aumento en función del crecimiento y fondos adicionales, ya que el acuerdo recogía por primera vez una vinculación de los incrementos salariales a la evolución del PIB del país, de manera que la mejora de la economía se pueda trasladar a las retribuciones de los funcionarios.
En 2019 la subida fue finalmente del 2,5% por la suma adicional de un 0,25%, debido a que el PIB registró un incremento igual o superior al 2%, y para este año del 2,3% (subida fija del 2% más 0,3% de fondos adicionales).
Durante su intervención, Darias también ha anunciado que se va a realizar una modificación normativa para prorrogar la estabilización de plazas, con el objetivo de que las ofertas de empleo público correspondientes al 2017 y al 2018 puedan trasladarse a lo largo del 2021.
"Creemos que es una medida muy importante consolidar la necesidad de adaptación de nuestras plantillas a los tiempos que corren. Teniendo en cuenta la situación vivida, esto era necesario", ha añadido.
LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA Y MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO
Por otro lado, la ministra ha apuntado que el Gobierno está trabajando ya en el texto de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, que "acometerá una profunda transformación en el sistema de empleo público sobre los pilares de carrera profesional, evaluación del desempeño, formación y personal directivo".
Así, ha apostillado que la reforma del empleo público constituirá el eje "básico" de la modernización de la Administración. "Es necesario mejorar el acceso a la función pública", por lo que, además de los principios rectores, igualdad, mérito o capacidad, se incorporarán criterios específicos en relación con las tareas concretas a desempeñar", ha resaltado.
Darias también ha señalado que se va a acometer la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, mejorando la regulación del personal interino, "para evitar situaciones que han llevado a un alto nivel de conflictividad y pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea", y dotando de un marco jurídico adecuado y consensuado a esta forma de trabajo, mejorando la conciliación y respetando los principios de igualdad y corresponsabilidad.
Según la ministra, la reforma de la Función Pública se integrará en el conjunto de las políticas de reformas estructurales del Gobierno y de sus esfuerzos para impulsar la modernización de la Administración, mejorar la calidad, la eficacia y la eficiencia de su funcionamiento y garantizar a la ciudadanía la prestación de los servicios públicos.
Por otro lado, ha anunciado que convocará la próxima semana, el próximo 11 de junio, la conferencia sectorial de la Administración Pública, donde se analizarán las fórmulas de trabajo no presenciales, "que han venido para quedarse", los cambios legislativos y la necesidad de dar estabilidad a las plantillas.
En esta legislatura, Darias ha remarcado que se impulsará un proceso de modernización reflexiva de la Administración Pública para hacer de ella "el mejor instrumento al servicio del buen Gobierno y las políticas públicas que España necesita".
Para conseguir el rejuvenecimiento de las plantillas se fortalecerán el Instituto de Administración Pública (INAP) y el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (IEPP), como principales instrumentos para lograr el objetivo.
Asimismo, la ministra ha añadido que el Plan de Captación de Talento contribuirá a poner freno al envejecimiento existente en la Administración General del Estado, a través de programas con universidades, institutos y centros de formación profesional.
GRANDES TRANSFORMACIONES
La ministra ha señalando que la acción del Gobierno se ha dirigido durante el Covid a salvar vidas, a reforzar el sistema público de salud y a poner en marcha un dispositivo para mitigar el impacto social y económico.
"Hemos aprendido una lección del comportamiento de la ciudadanía, que nos exige un mínimo común de entendimiento para hacer frente a la emergencia sanitaria y abordar la reconstrucción social y económica", ha añadido.
En esta línea, ha apuntado que "otra de las lecciones aprendidas es la necesidad de acelerar las grandes transformaciones anunciadas por el presidente del Gobierno en su Investidura, Pedro Sánchez".
Sobre la desescalada y la vuelta al trabajo de los funcionarios a su puesto de trabajo presencial, Darias ha resaltado que a 1 de junio de 2020 hay 64.412 efectivos prestando servicio de manera presencial, 99.178 en modalidades no presenciales y 2.451 en situación de aislamiento y que, además, se han celebrado 118.607 reuniones por videoconferencia, "en una clara apuesta por el uso de nuevas tecnologías".
De hecho, ha recordado que se publicó una resolución que tenía como prioridad la prestación del trabajo en modalidades no presenciales y que dice que no podrá incorporarse el personal en situación de incapacidad temporal, tengan o hayan tenido sintomatología reciente relacionada con el coronavirus o hayan estado en contacto con personas afectadas.
Pero que, además, se dio prioridad de la atención telefónica y telemática en los servicios de atención al público, a la cita previa, se puso en valor el límite del aforo y la flexibilización horaria.
Respecto a la modernización de Muface, ha apuntado que se va a aprobar un nuevo plan 2020-2023, que incorpora la digitalización en la prestación del servicio y refuerza el papel de las direcciones provinciales. "Buen ejemplo de los avances logrados es la implantación de la receta electrónica en 16 comunidades autónomas, a la que se sumará La Rioja. Antes de la crisis sanitaria, sólo se utilizaba en cuatro (Extremadura, Cantabria, Aragón y Asturias)", ha explicado.
