MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha afirmado que la Administración Pública va a pasar a formar parte de las diez políticas palanca que van a permitir que España lleve a cabo un plan de reformas "que será un punto de inflexión".
Así lo ha señalado durante su intervención para pedir la convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley que regula el teletrabajo en la Administración Pública, donde ha dejado claro que la regulación del trabajo a distancia en la Administración supone "abrir un camino hacia una Administración Pública del Siglo XXI".
"Sin lo público y sin los empleados públicos, la respuesta a esta pandemia no hubiese sido la misma", ha apostillado la ministra, tras señalar que cree que el teletrabajo va a ser "un hito fundamental" en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno.
Darias ha explicado que cada Administración será la encargada de concretar cuáles son los medios tecnológicos necesarios para desempeñar la actividad y ha indicado que la modalidad del trabajo a distancia debe ser "expresamente autorizada" y hacerse "con arreglo a criterios objetivos", pero también ser compatible con la modalidad presencial.
Asimismo, ha asegurado que el teletrabajo no puede suponer "ni un incumplimiento de la jornada ni del horario". "Las tareas que sean susceptibles de teletrabajar tienen que poder serlo y el empleado público debe tener las competencias digitales necesarias para su desempeño", ha apuntado Darias.
No obstante, la ministra ha subrayado que esta modalidad no es "ordinaria ni absoluta", puesto que la ordinaria sigue siendo la presencial. También ha señalado que será cada Administración la que decidirá cómo combinar el trabajo presencial con el teletrabajo. "Es voluntario y reversible", ha recordado.
También ha aprovechado para recordar que esta modalidad puede ser aplicable a más de dos millones de empleados públicos de todo el país y señalar que esta es una norma básica y aplicable tanto al personal funcionario como al laboral.
"Parte de un marco común y compartido entre todas las administraciones públicas. Eso sí, cada Administración dispondrá de un plazo de seis meses para adaptar esta regulación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) a su propio ámbito autonómico que le corresponda", ha resaltado.
De su lado, mientras que la diputada del PP Elvira Velasco ni ha hecho mención en su turno de palabra al apartado que aborda el teletrabajo en la Administración en el Real Decreto Ley, el diputado de Vox Eduardo Luis Ruiz ha afirmado que la norma es "una auténtica chapuza".
Así, ha apuntado que va a votar en contra y ha criticado que vincular la aplicación del teletrabajo a la negociación colectiva en la Administración pone "en entredicho" que se cumpla con la tramitación de urgente necesidad. Además, ha preguntado si se asegura que se va a pagar la instalación y el mantenimiento de todos los funcionarios que trabajen a domicilio y ha pedido que se especifique cómo se va a pagar este gasto.
"No se garantiza que la atención al público sea de calidad, la atención telefónica no funciona y no hablemos de lo que supone aplicar el teletrabajo, por ejemplo, en los centros de salud", ha remarcado.
De su lado, Guillermo Díaz de Ciudadanos ha valorado el Real Decreto Ley y ha apuntado que el aumento del teletrabajo por la pandemia hacía necesaria una cobertura jurídica en todos los aspectos. "Creemos sí deberá fomentarse el teletrabajo donde sea viable y para promover la productividad, facilitar la conciliación e incluso revertir la despoblación", ha añadido.
Por otro lado, el diputado del PNV Mikel Legarda ha señalado que la norma "limita su alcance de manera correcta a lo que debe ser una regulación de notas básicas de esta modalidad de trabajo", por lo que ha señalado que votará a favor.
El diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte ha aprovechado su turno de palabra para pedir un Real Decreto o normativa que permita la dotación "urgentísima" de redes de telecomunicaciones de alta capacidad con Internet de al menos 100 megas reales en todos los núcleos rurales de España. "Si las empresas privadas no son capaces de atender las necesidades, deberán hacerlo desde lo público", ha apostillado.
En respuesta a todos los grupos parlamentarios, la ministra ha dejado claro que el Gobierno atenderá todas las peticiones de las comunidades autónomas y que asume el coste de las medidas que se han tomado. "El Gobierno es sensible con ello y lo va a seguir siendo", ha incidido.
