MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este miércoles que el reparto de fondos para poner en marcha la Garantía Juvenil Europea se ha hecho con consenso con las comunidades autónomas y respetando en todo momento el reparto competencial, y ha instado a los agentes sociales y grupos parlamentarios a seguir trabajando con el Gobierno para luchar contra el paro juvenil "persona a persona y empleo a empleo".
Durante una interpelación planteada por el portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, la ministra ha subrayado en varias ocasiones que el empleo juvenil es la "gran prioridad" del Gobierno y ha reconocido también el apoyo y la colaboración que en esta materia han encontrado tanto en las comunidades autónomas como en los agentes sociales y los grupos políticos.
Báñez ha señalado a renglón seguido que para luchar contra el paro entre los jóvenes, que al inicio de la legislatura afectaba a uno de cada dos menores de 30 años, el Gobierno puso en marcha el año pasado la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que incluye un centenar de medidas y que desde febrero de 2013 "ha dado cada día una oportunidad a más de 400 jóvenes en forma de empleo por cuenta propia y ajena".
A eso se suma ahora la Garantía Juvenil acordada por la UE, una iniciativa que contará con una financiación adicional de 6.000 millones de euros, de los cuales 1.887 millones corresponden a España. Una cifra que llegará a los 2.800 millones de euros gracias a las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE) para el periodo 2014-2020 y a la cofinanciación nacional.
De este modo, España habilitará en este ámbito una cuantía superior en casi 800 millones de euros a los 2.000 millones de euros que exigen los reglamentos comunitarios para los programas operativos de la Garantía Juvenil. "Esto supone un esfuerzo adicional del Gobierno por encima de lo que señalaban los reglamentos europeos. El esfuerzo es claro y contundente", ha apostillado Báñez.
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN
Para repartir ese dinero, el Ejecutivo ha decidido hacerlo "al 50%-50%" con las comunidades autónomas, a diferencia del anterior periodo de programación, cuando el Estado se encargaba del 59% del presupuesto y las comunidades autónomas del 41% restante. "Lo hemos hecho respetando el marco competencial y las sentencias del Tribunal Constitucional", ha asegurado.
"Nosotros hemos querido ser más generosos y dar un paso más", ha subrayado, insistiendo en que todas las administraciones deben "colaborar, coordinarse mejor y seguir trabajando con seriedad, como hasta ahora" para dar oportunidades a los jóvenes españoles.
A renglón seguido, la titular de Empleo ha afirmado que se han respetado los mismos criterios utilizados en el ámbito comunitario para asignar los fondos a cada estado miembro: la población menor de 25 años de cada comunidad autónoma y la población 'ni-ni' menor de 25 años.
Además, ha recordado que en la Conferencia Sectorial donde se pactó este reparto todas las comunidades autónomas manifestaron su conformidad. Por eso, ha explicado a Olabarria que si el País Vasco tiene asignada una cuantía "inferior" que otras comunidades de similar tamaño o PIB es "gracias a que tiene menos desempleados jóvenes", que es "bueno".
PROGRAMA OPERATIVO
A renglón seguido, la ministra ha recordado que en diciembre se envió a la Comisión Europea el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil en España --también pactado y que fue valorado como "uno de los mejores planes enviados por los estados miembros", según Báñez-- y que ahora se está trabajando en el plan operativo para que el próximo 1 de julio entre en funcionamiento el Portal web de Garantía Juvenil.
"Por primera vez habrá un fichero telemático de inscripción de todos los jóvenes susceptibles beneficiarios de la Garantía. Será un fichero único en el que trabajaremos de forma online y coordinada con las comunidades autónomas y los agentes implicados, todos a favor del empelo juvenil", ha resaltado.
Finalmente, ha destacado que los datos confirman el buen resultado de las medidas adoptadas hasta ahora, ya que en mayo el desempleo juvenil disminuyó un 11% (50.000 personas) respecto al año anterior. Y ha hecho hincapié en el papel que en esta evolución está jugando el contrato de formación y aprendizaje, que ha incrementado un 70% las contrataciones de jóvenes y ha permitido acceder a la formación dual a 100.000 personas en el último año.
"Nos queda mucho por hacer, tenemos que trabajar juntos y colaborar de la manera más estrecha, pero llevamos camino recorrido gracias a la responsabilidad y generosidad de todos en materia de empleo juvenil. Hemos trabajado muy seriamente con las comunidades autónomas; sigamos haciendo las cosas bien como hasta ahora, porque nos queda a todos dar la batalla más importante: joven a joven, empleo a empleo", ha concluido.
SIN LEGITIMIDAD CONSTITUCIONAL
Sin embargo, Emilio Olabarria ha criticado que el Estado se quede con la mitad de los 1.887 millones de euros de la Garantía Juvenil y distribuya la otra mitad de forma "groseramente discriminatoria" entre las comunidades autónomas, de modo que a regiones como el País Vasco le corresponde gestionar únicamente 28 millones de euros, un 1,18% del total y una cifra "inferior tanto al cupo como al porcentaje de parados vascos en relación con el conjunto del país".
"Es manifiestamente insuficiente. Además, hace este reparto con dudosa legitimidad constitucional o estatutaria. Usted no tiene competencias para la ejecución de medidas de fomento del empleo juvenil dado que todas las Políticas Activas están transferidas", ha recordado el diputado vasco.
Además, ha reprochado que se vaya a destinar tanto dinero a la única medida en este campo que puede aplicar el Ministerio de Empleo, la bonificación de cuotas. "Es un error", ha advertido, recordando que el "abuso" de esta vía no se incentiva la creación de empleo pero sí se pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones y las cuentas de la Seguridad Social.
"Acepto todas las invocaciones a la colaboración y al consenso, porque éste es un problema de todos y al que todos podemos proponer soluciones. Pero hagámoslo desde el respeto escrupuloso a los requerimientos constitucionales, porque si vamos a seguir recentralizando, si vamos a seguir uniformando, si vamos a crear una Administración General del Estado basada en la apropiación indebida de competencias, será muy difícil concitar la colaboración de mi grupo", ha concluido.
