MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de Medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, que incluye la nueva 'tarifa plana' de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes, con el respaldo de la mayoría absoluta del PP junto con los votos de CC, UPN y Foro Asturias, y la abstención de UPyD, CiU y PNV, frente al rechazo del resto de la oposición.
La medida, anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el reciente Debate sobre el estado de la Nación, supondrá una reducción de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social por contingencias comunes que los empresarios y autónomos pagarán por los nuevos contratos indefinidos que firmen entre el 24 de febrero y final de año.
Las únicas condiciones para acogerse a esta posibilidad serán estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social y no haber extinguido trabajos por causas objetivas o haber practicado despidos disciplinarios improcedentes o despidos colectivos en los seis meses anteriores --en caso de EREs, no afectará a las extinciones producidas antes del 25 de febrero--.
Además, la contratación deberá suponer un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel total de la empresa que se mantenga durante un periodo de 36 meses. En caso de incumplimiento de esta condición habrá que reintegrar la diferencia de cuantía con respecto a las cotizaciones ordinarias pero sin recargos ni intereses de demora, que sí se pueden exigir en caso de otros quebrantamientos.
DE 50 A 100 EUROS
Así, durante un máximo de dos años se pagará una cuantía reducida --100 euros para contratos a tiempo completo y entre 75 y 50 euros para contratos a tiempo parcial, de forma proporcional a la jornada de trabajo-- de las cotizaciones por contingencias comunes, sin que eso afecte al resto de aportaciones. Las horas complementarias no se incluirán en la tarifa plana y, por tanto, deberá cotizarse de forma normal por ellas.
La aplicación de esta tarifa no tendrá impacto en las prestaciones económicas a las que puedan tener derecho los trabajadores, que se calculará respecto del importe íntegro de la base de cotización, pero sí será incompatible con cualquier otro beneficio en la cotización.
52.000 NUEVOS EMPLEOS
Según el Ejecutivo, esta medida "coyuntural y excepcional" permitirá "incentivar la contratación" y beneficiará a las "empresas que apuesten por incrementar sus plantillas de manera estable", sobre todo a las pymes, para las que la contratación es más costosa. Con todo ello, se conseguirá que la recuperación económica y del empleo sea "más rápida".
Según la memoria económica del decreto, que recoge Europa Press, el Gobierno prevé que de la tarifa plana se beneficien 332.100 contratos indefinidos --232.500 a tiempo completo y 99.600 a tiempo parcial--, el 60% de los 553.500 contratos de más de dos años que se prevé se celebren hasta final de año.
En concreto, durante este ejercicio se estima que el volumen de ocupados aumente un 0,1% y un 0,31% hasta 2017, si bien para ese ejercicio se reconoce un ajuste del 0,02% en el empleo por el fin de la aplicación de las bonificaciones. Es decir, que el aumento neto de ocupados será de 52.000 personas en tres años. En cuanto al impulso al PIB, se cifra en el 0,07% para este año, y de tres décimas para el total del periodo de tres años.
El Ejecutivo defiende además que el impacto presupuestario de la medida será "neutral" ya que la pérdida de ingresos derivada de la aplicación de la tarifa plana a contratos que se habrían firmado de todos modos se compensa con el aumento por el empleo adicional que se fomentará en un "círculo virtuoso".
Asimismo, el aumento de la contratación indefinida podría llevar al empresario a destinar el ahorro en inversión productiva, generando una nueva ronda de contratación, y la rebaja podría repercutir en los precios y, con ello, tanto en la competitividad como en la demanda interna, que también se verá favorecida por una mayor estabilidad en el empleo, que influye en la productividad y en las decisiones de compra y ahorro de los ciudadanos.
Asimismo, el aumento del empleo permitirá reducir las cuantías de fondos públicos destinadas a las prestaciones sociales, y también generará una mayor recaudación fiscal y una ampliación de la base de cotización. El Gobierno prevé además que este menor coste en cotizaciones sea un "incentivo para el afloramiento de empleos sumergidos".
MEDIDA INEFICAZ
Sin embargo, todos estos argumentos no han convencido a los partidos de la oposición, que recuerdan que las bonificaciones de las cotizaciones que benefician indiscriminadamente a todas las empresas son ineficaces para crear empleo, ya que no conseguirá ayudar a los colectivos con mayores dificultades de entrada en el mercado de trabajo y provocará sin embargo una sustitución de unos contratos por otros, generando una mayor precariedad, una posibilidad que el Ministerio de Empleo descarta de forma rotunda.
Además, los diferentes grupos parlamentarios también temen que el coste de esta medida acabe cargándose sobre las espaldas de los jubilados, ya que el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones tiene en cuenta los ingresos y gastos del sistema. Según el PSOE, la Seguridad Social perderá entre 5.000 y 7.000 millones de euros por culpa de esta medida.
Estos argumentos han motivado el voto en contra del PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y la mayor parte del Grupo Mixto (ERC, BNG o Amaiur, entre otros), mientras que UPyD y los nacionalistas de CiU y PNV se han abstenido porque, pese a sus dudas sobre la medida, consideran que no se pueden desdeñar los 52.000 puestos de trabajo que podría contribuir a crear.
Por su parte, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha expresado su confianza en que esta tarifa plana "servirá para afianzar una salida de la crisis con bases más sólidas" y permitirá reducir la dualidad del mercado de trabajo e incrementar la estabilidad y la calidad del empleo.
El PSOE y otras formaciones de la oposición habían pedido además que el decreto ley se tramitara como proyecto de ley, para poder proponer cambios y mejoras, pero los 'populares', Unión del Pueblo Navarro y FAC han rechazado esta posibilidad.
