MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de CiU y portavoz de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, aseguró hoy no tener ningún inconveniente en discutir la revisión del sistema de pensiones parlamentarias, que garantiza a diputados y senadores la pensión máxima con sólo once años de mandato.
La propuesta del Gobierno de ampliar la edad de jubilación a los 67 años y revisar el periodo de cálculo de las pensiones ha puesto de manifiesto el contraste con el régimen que rige para los diputados y senadores desde 2006 y que a los 65 años les garantiza llegar a la pensión máxima habiendo estado al menos once años como parlamentario.
PP Y PSOE, TAMBIÉN DISPUESTOS.
Ayer mismo, la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró dispuesta a revisar también el sistema de pensiones de los parlamentarios alegando que su formación tiene claro que se debe "predicar con el ejemplo". "No tengo inconveniente de abordar éste y otros temas de funcionamiento de régimen interno", sentenció.
Tampoco puso reparos a la idea el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, y hoy se formuló la pregunta al portavoz del tercer grupo parlamentario del Congreso, el nacionalista Josep Antoni Duran i Lleida: "No me importa que se altere, no tendría ningún inconveniente en discutirlo", dijo en rueda de prensa, recalcando que lleva tantos años cotizando, tanto como parlamentario y como por su actividad profesional, que no le afectaría personalmente.
Eso sí, Duran indicó que todas las propuestas que se hagan deben encauzarse en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo en vez de hacerse públicamente. "Hay que ser serios y las propuestas llevarlas al Pacto de Toledo", enfatizó.
REGLAMENTO DESDE 2006.
Conforme al reglamento de prestaciones económicas para los ex parlamentarios que aprobaron las Mesas del Congreso y del Senado en julio de 2006, se articula un mecanismo que permite que, en los supuestos en los que los parlamentarios no alcancen el límite máximo de percepción de pensiones públicas, las Cámaras abonarán la diferencia entre este límite y la pensión percibida por el solicitante.
Esta pensión parlamentaria se reserva a diputados y senadores que hayan formado parte de las Cortes durante al menos siete años y siempre que hayan cumplido 65 años y obtenido la jubilación, o hayan obtenido la jubilación anticipada con al menos 60 años de edad y 40 años de cotización, o bien hayan obtenido la declaración de invalidez permanente.
La cuantía de ese complemento será la diferencia entre la cuantía de la pensión que corresponde al parlamentario por su actividad profesional y la cifra anualmente establecida como límite máximo de percepción de pensiones públicas. Eso sí, en el caso de parlamentarios con un mandato de siete a nueve años se les aplica el 80 por ciento de ese límite, a los de nueve a once años se les calcula el 90 por ciento y a los de más de once años ya se les cubre hasta el máximo.
Las Cortes Generales, que son quienes abonan las cotizaciones a la Seguridad Social de los parlamentarios mientras forman parte de las Cámaras, examinarán después las solicitudes de pensión de los diputados y senadores, caso por caso, para su concesión o denegación por parte de la Mesa de la cámara correspondiente.
