MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, advirtió hoy de que si el Gobierno vuelve a plantear una reforma de la Ley Reguladora del Fondo de Reserva no será para "desvirtuarlo" sino para garantizar más seguridad, rentabilidad y solvencia en sus inversiones.
Granado, en declaraciones a Europa Press, insistió en que cualquier decisión que se adopte sobre la llamada 'hucha de las pensiones' no debe perseguir fines distintos a la mejora de su rentabilidad, de su seguridad y de una gestión eficaz y eficiente de sus inversiones.
"El Gobierno no va a permitir que el Fondo de Reserva se desvirtúe y, por tanto, ninguna decisión que le afecte va a tener otro objetivo que no sean los relacionados con la seguridad, la rentabilidad y la solvencia de sus inversiones. No vamos a tomar ninguna decisión por cosas que vengan bien a otros objetivos, muy loables, pero que no son los objetivos del Fondo", subrayó.
La reforma del Fondo de Reserva ya se planteó en la pasada legislatura, pero no salió adelante por falta de consenso en el Parlamento. Ahora que ha empezado una nueva legislatura y que hay que renovar el Pacto de Toledo, Granado cree que podría ser el momento de retomar esta discusión, siempre que el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, no decida lo contrario.
"Lo que vaya a hacer el Ministerio lo anunciará el ministro y todo estará encaminado a garantizar más seguridad, mayor rentabilidad y una gestión más eficiente del Fondo de Reserva, no buscando otro tipo de objetivos que no sean los del Fondo", reiteró Granado, quien insistió en que una reforma de esta naturaleza debe contar con el consenso generalizado del arco parlamentario.
El proyecto de ley que elaboró Trabajo en la legislatura pasada y que no pudo salir adelante autorizaba la inversión de parte del Fondo de Reserva en renta fija emitida por entidades privadas y en renta variable, pero siempre buscando valores seguros, rentables y con perfiles de riesgo distintos. Aunque el porcentaje que iba a poder invertirse en estos valores no se recogía en la norma, se habló de un 10%.
La cuantía actual de la 'hucha de las pensiones' roza los 51.000 millones de euros, el 4,8% del PIB. La práctica totalidad del Fondo está invertido en activos financieros públicos. La cartera de activos se reparte entre los emitidos por el Reino de España (51,01% del total) y entre deuda no española procedente de Alemania, Francia y Países Bajos (48,99%).
España es el único país con un Fondo de Reserva de esta naturaleza que no invierte en renta variable. El resto de países sí lo hacen y los porcentajes de inversión en estos valores varían desde el 2,13% de Polonia hasta casi el 90% de Jersey, pasando por algo más del 56% en Francia. La rentabilidad del Fondo español ronda el 4%, frente al 10% que consiguen otros países que combinan la inversión en renta fija con la de renta variable.
Lo que se planteó en la legislatura anterior era que el Estado siguiera gestionando las inversiones en renta pública y que, al mismo tiempo, una parte del Fondo de Reserva se pusiera en manos de gestores privados para su inversión posterior. Estos gestores, que se elegirían de acuerdo a la Ley de Contratos del Estado, tendrían un margen de libertad para decidir en qué valores invertir, ya sean de renta fija o variable, y partirían para ello de una serie de criterios.
Así, la intención era que buscaran valores seguros, rentables, que respondieran a criterios de responsabilidad social, económica y ambiental y que diversificaran los riesgos para que la relación entre seguridad y rentabilidad fuera óptima.
ECONOMÍA NO SE PLANTEA CAMBIOS.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda indicaron a Europa Press que este departamento no se está planteando "ningún cambio" sobre la inversión del Fondo de Reserva, y recordaron, además, que la propia ley que lo regula impide ahora mismo que el Fondo pueda invertirse en instrumentos distintos a la deuda pública.
"Con la Ley del Fondo de Reserva en la mano es imposible invertirlo en algo distinto (a la deuda pública) porque esta ley prohíbe cualquier inversión que no sea en deuda pública española o europea 'triple A", subrayaron las mismas fuentes.
