MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, ha suscrito un documento con los sindicatos de la función pública --FSC-CC.OO., FSP-UGT, CSI-F y FEP-USO-- en el que apunta que "el activo más importante de las administraciones públicas es el personal a su servicio".
En el documento, que ha sido hecho público por Hacienda, el Gobierno se compromete a abrir el diálogo y la negociación en la Administración con las centrales sindicales sobre las condiciones laborales de los empleados públicos.
"Los distintos colectivos que forman el empleo público son los que garantizan los derechos de los ciudadanos a disponer de una buena administración de los asuntos públicos", señala el documento, para añadir que "su trabajo tiene un importante valor añadido para la sociedad".
"El Gobierno y las centrales sindicales quieren transmitir a la sociedad este mensaje, reforzando su compromiso para garantizar los niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos, contribuyendo así a superar los actuales retos", añade.
Si bien, el documento indica también que "la actual coyuntura económica y la necesidad de reducir el déficit público ha hecho necesario mejorar la eficiencia de las administraciones públicas en el uso de sus recursos", con el objetivo de contribuir a la consecución del "inexcusable" objetivo de estabilidad presupuestaria.
LOS COMPROMISOS.
En el apartado de los compromisos alcanzados, Gobierno y centrales sindicales se han propuesto avanzar en la apertura de las distintas mesas de negociación y comisiones técnicas en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), a fin de dar un nuevo impulso a áreas como la formación, la prevención de riesgos laborales, la responsabilidad social o la igualdad de oportunidades.
Asimismo, se han propuesto desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y avanzar en la estructura de la negociación colectiva, así como en la racionalización de los recursos sindicales y de las estructuras de negociación y participación.
Por otro lado, las partes se han comprometido a impulsar una nueva cultura organizativa, basada en el aprovechamiento del conocimiento y del potencial humano y en la mejora de la comunicación con el empleado público y con el ciudadano.
Por último, Gobierno y centrales sindicales han acordado apostar por el mantenimiento de la calidad en la prestación de los servicios públicos.
