Actualizado 18/02/2015 12:04 CET

Sólo el 1,1% de los autónomos que pagan por cese de actividad solicitaron la prestación en 2014

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 7.005 autónomos solicitaron el año pasado la prestación por cese de actividad (paro), el equivalente a poco más del 1,1% del total de trabajadores por cuenta propia que cotiza por esta contingencia (623.940), según datos facilitados este lunes por la organización de autónomos UPTA.

   Del conjunto de solicitudes presentadas, el 36,8% de ellas (2.581) fueron rechazadas, frente al 52,8% (3.698) que han recibido el visto bueno y el 10% que se encuentran todavía tramitándose o de las que se han desistido.

   UPTA ha destacado que el número de solicitudes fue decreciendo a lo largo del pasado ante la percepción del colectivo de que acceder a esta prestación es complicado. Sin embargo, la cifra de prestaciones reconocidas ha ido mejorando con el paso del tiempo, pues en años anteriores no se superaba el 20% de respuestas positivas, frente al 36,8% de 2014.

   La organización de autónomos ha atribuido esta evolución positiva en el número de prestaciones reconocidas al mayor conocimiento de los criterios de concesión, de forma que los trabajadores sólo presentan aquellas solicitudes que pueden tener posibilidades de éxito, lo que a su vez provoca que éstas hayan bajado en número.

   Con la nueva Ley de Mutuas, los trabajadores autónomos tendrán más sencillo acceder a la prestación por cese de actividad, por lo que UPTA confía en que en poco tiempo sean más las solicitudes que se aprueban que las que se deniegan.

   No obstante, UPTA cree que el volumen de solicitudes seguirá siendo bajo por la falta de información de los autónomos sobra las mejoras introducidas por la Ley de Mutuas en el cese de actividad. "Desinformación que sin duda va a continuar debido al poco esfuerzo que las mutuas y el Ministerio están haciendo para trasladarlas al colectivo", denuncia.

   La Ley de Mutuas reduce desde el 30% al 10% el nivel de pérdidas anuales por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción que debían acreditar los autónomos para acceder a la prestación, al tiempo que se mejoran los medios de prueba que pueden utilizar.