MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Empleo del PNV, Emilio Olabarria, considera que "hay que depurar" la propuesta del Gobierno para limitar las prejubilaciones en grandes empresas con beneficios y ha asegurado que "no prosperará en sus propios términos" en el Congreso por la necesidad de buscar una "solución de consenso" entre todos los grupos parlamentarios.
En declaraciones a Europa Press, Olabarria ha asegurado que las medidas referidas al empleo tienen que ser fruto de un consenso y ajustarse al ordenamiento jurídico vigente, por lo que las "innovaciones particularmente imaginativas no tienen cabida" en esta cuestión, que podría abordase instando a la autoridad laboral a ser "escrupulosa" e incluso no autorizar estos expedientes de regulación de empleo (ERE).
El Gobierno, a través de una enmienda del PSOE al proyecto de reforma de las políticas activas de empleo, plantea que las grandes empresas de más de 500 trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) que afecten a trabajadores mayores de 50 años, efectúen una "aportación económica" al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
En este sentido, Olabarria ha avanzado que el PNV ofrecerá al PSOE pactar una transacción en la que sea la autoridad laboral la que controle "mediante el informe preceptivo" estos supuestos, llegando a impedir los ERE's si no son por circunstancias "de fuerza mayor".
EL GOBIERNO NO TIENE LAS COSAS CLARAS
En cualquier caso, el diputado nacionalista ha remarcado que "no tiene ningún sentido" un ERE en una empresa con "importantes" beneficios, como es el caso de Telefónica, acogiéndose a un "subterfugio" como las "causas organizativas", e incluso vulnera el espíritu de la ley. "Lo que no puede ser, no puede ser", ha remarcado.
Olabarria ha recordado que la idea inicial del ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, era que estas empresas pagaran las prejubilaciones, algo "manifiestamente ilegal", a su juicio, por vulnerar el carácter público del sistema de pensiones. "En el Gobierno las cosas no están claras y se impone un cierto consenso", ha remarcado.
