MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, han denunciado este lunes una corriente internacional de "vulneración" de los derechos sindicales al abrigo de la crisis, que en España tiene su máxima expresión en los procesos judiciales abiertos contra alrededor de 300 personas vinculadas a la acción sindical.
Por eso, ambos líderes sindicales han llamado en rueda de prensa a la movilización en el marco de la Jornada de Acción Mundial en defensa de las libertades y el derecho de huelga que se celebrará el próximo 18 de febrero, convocada por la Confederación Sindical Internacional (CSI).
Concretamente, desde el 11 de febrero se desarrollarán actos, entre manifestaciones y concentraciones, prácticamente en todas las capitales españolas, así como paros simbólicos de cinco minutos convocados por las secciones sindicales en las empresas, que culminarán el 18 de febrero.
Según ha explicado Toxo, la iniciativa parte de la CSI ante el debate que se celebrará entre los días 23 y 25 de febrero en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el "bloqueo" que las facciones empresariales estarían llevando a cabo en la organización en la consideración del convenio 87, relativo al desarrollo de la libertad sindical.
Según Toxo, este debate es "muy trascendente", pues tiene que ver con un bloqueo que impide a la OIT enviar recomendaciones a los gobiernos nacionales en relación al desarrollo de estos derechos.
En el caso de España, los sindicatos reclaman además la eliminación del artículo 315.3 del Código Penal, sobre la actuación de los piquetes informativos en las huelgas, que hace prevalecer, en palabras de Méndez, el derecho "genérico" a no realizar la huelga sobre el derecho "constitucional" a hacer uso de ella.
Ambos líderes sindicales denuncian que la aplicación de este artículo en sus actuales términos ha llevado a que casi 300 personas hayan pasado a disposición judicial, como es el caso de los cinco representantes sindicales de Arcelor, que acumulan una pena de 21 años de cárcel.
Además, Méndez ha recordado que los sindicatos han pedido la retirada del proyecto de ley conocido como 'Ley Mordaza', porque también puede ser considerada como una restricción del derecho a la huelga.
