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Archivo - Un pensionista pasea con una garrota en una calle de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo
MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El centro de análisis Funcas ha estimado que la inflación de referencia para la revalorización de las pensiones, que se podrá calcular de forma preliminar el 27 de noviembre --dos días antes de las elecciones generales--, se situará en el 3,6%.
Una de las hipótesis elaboradas por los expertos de Funcas para calcular sus previsiones económicas para España 2026-2028 se basa en la revalorización de las pensiones de cara al próximo año, que ascenderá aproximadamente a 8.400 millones de euros adicionales.
Desde la entrada en vigor de la Ley 20/2021, fruto del acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales, las pensiones se actualizan cada año conforme a la subida de los precios para garantizar su poder adquisitivo, en línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo.
La fórmula de revalorización recogida en la Ley de reforma de las pensiones tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual promedio de doce meses, desde diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor.
Según el calendario del Instituto Nacional de Estadística (INE) el dato adelantado del IPC de noviembre se conocerá el 27 de noviembre, dos días antes de la convocatoria electoral.
El Gobierno de Pedro Sánchez considera factible poder aprobar en diciembre el real decreto-ley de actualización de las pensiones conforme al IPC, aunque se encuentre en funciones tras la cita electoral del 29 de noviembre.
Según defienden desde el Ejecutivo, las pensiones tienen que ir en una norma con rango de ley, por lo que requeriría la aprobación de un real decreto ley por parte del Gobierno en funciones y su ratificación por la Diputación Permanente (del Congreso). Para el Gobierno, se cumpliría la justificación de la urgente necesidad, aunque es algo que tendrán que valorar los abogados del Estado.
"La revalorización de las pensiones está de alguna manera ya en la normativa, aunque los abogados del Estado van a discutir si es posible o no", ha coincidido el director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres.