Los expertos piden cambiar la legislación y hacer posible la compatibilidad entre jubilación y actividad laboral
MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La tasa de dependencia de España --índice que muestra la proporción entre la población activa y dependiente-- en 2050 será del 57%, con respecto al 33% actual, por lo que el Instituto Santalucía ha advertido de que las pensiones del futuro requieren alargar la etapa laboral de forma flexible.
Según se señala en el informe 'Jubilación Flexible y Compatible', publicado este miércoles por el Instituto Santalucía, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, es necesario adaptar tanto el mercado de trabajo como el sistema de pensiones "para optimizar el potencial del talento sénior en España".
Según recuerda el instituto, actualmente, la legislación no permite trabajar y recibir la pensión simultáneamente, salvo en ciertos casos excepcionales como la pensión por incapacidad. Sin embargo, existen ciertas "excepciones a la regla de la incompatibilidad" entre la jubilación y la actividad laboral.
En su informe, el Instituto Santalucía destaca los requisitos legales vigentes de cuatro modalidades de jubilación compatibles con el trabajo retribuido, sujetas a unas condiciones precedentes que deben cumplirse en cada uno de los casos.
Sin embargo, señalan que pese a que estas modalidades presentan una excepción real a la regla general de incompatibilidad entre jubilación y trabajo, también tienen desincentivos que limitan su adopción.
Entre ellos se encuentran obstáculos como la incompatibilidad de rentas, que imposibilita percibir una pensión de jubilación y al mismo tiempo trabajar y ganar un salario; los desincentivos a la jubilación activa, que implican el término del contrato laboral del trabajador sin indemnización y cotizaciones adicionales para las empresas en caso de contratación; desincentivos para la jubilación parcial, que cuentan con unos requisitos cada vez más estrictos y unos costos de cotización adicionales.
También apunta a los desincentivos de la jubilación con trabajo autónomo, cuya pensión está limitada por el salario mínimo anual, "algo que pueden conducir a situaciones en las que las personas trabajan sin declarar todos sus ingresos, fomentando la economía sumergida", se advierte.
PIDEN REFORMAR LA LEGISLACIÓN VIGENTE
En el informe se propone reformar la legislación vigente para permitir la productividad más allá de la edad de jubilación y contrarrestar los desincentivos. Para ello, se propone una jubilación personalizada y flexible, con plena compatibilidad entre pensión y salario al alcanzar la edad de jubilación.
El informe plantea dos opciones reformistas: modificar normativas o cambiar el paradigma legal y el sistema de pensiones. El primer cambio que se propone supone modificar el artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social que permita la compatibilidad entre el percibo de la pensión de jubilación y la realización de trabajos por cuenta ajena o propia sin límite de ingresos y con el pago de cotizaciones solidarias determinadas cada año en la Ley de Presupuestos.
"A través de esta modificación, se crea una transición gradual hacia la jubilación completa y permite a los jubilados activos poder seguir trabajando con un porcentaje alto de la pensión o en su cuantía total", explican los expertos.
El segundo cambio se fundamenta en la necesidad de contar con un sistema de pensiones que, una vez eliminadas las trabas de incompatibilidad, permita la salida del mercado de trabajo de forma gradual y flexible, adaptándose también a la nueva longevidad.
Se trataría de un nuevo sistema de pensiones que otorgaría al trabajador mayor flexibilidad sobre su propio futuro, a la vez que contribuiría a la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Según se explica, este sistema ya ha comenzado a ser implementado en países como Suecia, Portugal o Italia. La transición desde un sistema contributivo de pensión definida a este modelo, conocido también como "nocional", incentiva la cotización y ayuda a visualizar lo que normalmente definimos como impuestos como un salario diferido, aseguran.
Este informe ha contado con la participación de José Ignacio Conde-Ruiz, catedrático de Economía en la Universidad Complutense, subdirector de Fedea y presidente del Foro de Expertos del Instituto Santalucía; y Jesús Lahera Forteza, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense e investigador de Fedea.
