BRUSELAS, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la petición de nuevas normas sobre la incautación de activos delictivos para garantizar operaciones de congelación y confiscación de activos criminales rápidas y efectivas en toda la Unión Europea, así como una compensación más rápida para las víctimas.
Los eurodiputados han adoptado el proyecto de posición sobre las nuevas normas por 50 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, mientras que las negociaciones del diálogo tripartito han sido aprobadas por 53 votos a favor y dos abstenciones, sin votos en contra.
La nueva directiva cubrirá el tráfico de armas de fuego, ciertos delitos cometidos en el marco de una organización criminal y la violación de las sanciones de la UE, mientras que en su posición, los eurodiputados también han propuesto incluir el tráfico ilícito de materiales nucleares, los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional, la incautación ilegal de aeronaves y barcos y el sabotaje.
El texto acordado abordará las dificultades existentes al garantizar que los activos puedan congelarse rápidamente, con medidas temporales de emergencia si es necesario, y pretende castigar a quienes eludan el decomiso con ayuda de un tercero y permitir la confiscación en determinados cuando no sea posible una condena, como en casos de enfermedad o fallecimiento de un sospechoso.
Además, para hacer más eficientes las investigaciones transfronterizas, la ley armonizará las facultades de las oficinas de recuperación de activos creadas por los Estados miembro para asegurar que tengan acceso a la información necesaria, como registros de beneficiarios reales, información sobre valores y divisas, datos aduaneros y estados financieros anuales de empresas.
Por último, para evitar la degradación de los activos, los Estados miembro deberán establecer oficinas dedicadas a la gestión de los activos decomisados.
Los eurodiputados también quieren asegurarse de que las víctimas sean indemnizadas antes del decomiso, especialmente en casos transfronterizos, y permitir que los bienes decomisados se utilicen con fines sociales o de interés público.
