MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
PP y Coalición Canaria han pactado que las comunidades autónomas deban contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda y Función Pública para realizar inversiones superiores a los 25 millones de euros con cargo a su superávit presupuestario.
Así consta en la enmienda transaccional que ambos grupos han acordado con el fin de incluirla en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que tramita el Congreso y que esta semana debate en Comisión.
La enmienda desarrolla las condiciones por las que las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía pueden emplear su superávit, comenzando por registrar superávit en el ejercicio anterior, cumplir las normas de estabilidad, las condiciones fijadas en los mecanismos extraordinarios de liquidez y de morosidad.
Asimismo, establece que deba destinarse un porcentaje de esta inversión financieramente sostenible a la amortización de deuda vigente, y que este porcentaje sea el necesario para que la administración no incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en 2018.
Asimismo, prohíbe destinar estas inversiones a mantenimiento de inversiones y a compra de mobiliario o enseres, y obliga a iniciar el expediente de gasto y el reconocimiento de totalidad de las obligaciones derivadas de la inversión ejecutada en este año.
En caso de no estar ejecutada íntegramente, el restante se podrá comprometer y reconocer en 2019, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018.
Por otro lado, también define qué clase de inversión se considera financieramente sostenible, considerando aquella que tenga a largo plazo un impacto "positivo, directo y verificable sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento potencial de economía".
"Deberá tener efectos positivos para el cambio climático, contribuir a la eficiencia energética o tratarse de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que implique ahorros en ejercicios futuros", señala la enmienda.
