VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El director general de Política Comercial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ignacio Cruz Roche, instó hoy a las comunidades autónomas (CCAA) a que refuercen su actividad inspectora y sancionadora a las empresas comerciales que superen los plazos de pago a los proveedores establecida por ley.
El responsable de Política Comercial explicó que los gobiernos regionales pueden desempeñar esta competencia tanto de oficio como a instancia de denuncia para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales y avanzar en la efectividad de la ley.
En esta linea, anunció que el Gobierno trabaja con las comunidades autónomas para establecer procedimientos homogéneos de inspección y sanción sobre el cumplimiento de los plazos de pago, asunto que se tratará en la próxima Conferencia Sectorial que se celebrará en noviembre.
Según indicó, el objetivo es simplificar los procedimientos actuales para que las empresas se enfrenten a procesos similares en las diferentes regiones. "Los trabajos técnicos ya están terminados, queda alcanzar un acuerdo", explicó Cruz Roche, que asiste al congreso de la asociación de fabricantes y distribuidores Aecoc que se celebra en Valladolid.
El director general de Política Comercial indicó que los últimos datos sobre la morosidad de las empresas en el pago a sus proveedores apuntan a una reducción del plazo de pago de en torno a dos días, aunque estos periodos oscilan mucho de unas empresas a otras, ya que algunas tardan más de cien días en pagar a sus proveedores.
Sobre el ultimátum lanzado por la Comisión Europea a España y Cataluña para que eliminen las restricciones legislativas a la apertura de grandes superficies comerciales, Cruz Roche dijo que el Gobierno realizará "próximamente" las alegaciones oportunas cuando vea todo el contenido del dictamen.
A falta de conocer todo el documento, el responsable consideró que la iniciativa de Bruselas va "en línea" con la filosofía de la directiva europea de servicios que España incorporará a su legislación en la próxima legislatura y que, a su parecer, contribuirá a mejorar la competencia del comercio en general.
Cruz Roche afirmó que la trasposición de la directiva obliga a eliminar las prohibiciones como las moratorias, entre otros aspectos, pero puntualizó que no obliga a eliminar la segunda licencia que otorgan los gobiernos regionales para autorizar la implantación de nuevos establecimientos.
