MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado este martes en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor de Pueblo, celebrada en el Senado, el estudio 'Crisis económica e insolvencia personal: actuaciones y propuestas', en el que pide que se establezca en el ordenamiento jurídico español un procedimiento de insolvencia independiente, o ley de segunda oportunidad, para particulares y consumidores de buena fe sobreendeudados.
Becerril ha explicado que el estudio aboga por crear un procedimiento que logre la conciliación de los intereses de acreedores y deudores, facilite el pago ordenado de las deudas y sanee la economía doméstica sobreendeudada.
Asimismo, ha presentado el estudio 'Gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización', en el que recomienda la reutilización de libros adquiridos con fondos públicos y pide que se mantengan los programas y sistemas de apoyo a la gratuidad en la enseñanza obligatoria.
Según ha apuntado Becerril, en el periodo analizado, el objetivo de gratuidad de los libros de texto ha retrocedido. Así, en los últimos cinco años los fondos totales destinados a la financiación de las políticas de gratuidad han caído un 45,2%, como consecuencia de la bajada del 74,9% de la financiación estatal y de la reducción del 34,9% de la financiación autonómica, lo que se ha traducido en una caída del número de beneficiarios del 33,1%.
Por otro lado, la Defensora ha expuesto la actualización del informe 'La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles' que analiza el estado de las recomendaciones formuladas a los distintos organismos de la Administración con competencias en la materia. Así, a día de hoy, de las 27 recomendaciones formuladas en el estudio, se han aceptado 25 y se han rechazado dos.
Según ha precisado, se han constatado importantes avances aunque aún quedan retos pendientes como la necesidad de establecer formas de proteger a la víctima más allá de su condición de testigo fundamental en un procedimiento penal y de acelerar los trabajos para elaborar un protocolo de lucha contra la trata con fines de explotación laboral.
