MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las diputadas de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso Laia Ortiz y Ascensión de las Heras han acudido este miércoles a la Fiscalía Anticorrupción para mostrar su apoyo a la Plataforma Ciudadana por un nuevo Modelo Energético, que ha pedido que se investigue si ha habido prevaricación o tráfico de influencias en las normativas aprobadas por varios dirigentes políticos que, tras su salida del Gobierno, fueron contratados por empresas eléctricas.
En una nota de prensa, Ortiz ha criticado la práctica de la 'puerta giratoria' que se produce "de forma sistemática" en el sector privado. A su juicio, es "altamente sospechoso el interés que despiertan en las grandes empresas, especialmente las eléctricas, los políticos que acaban de cesar en sus funciones tanto en los gobierno centrales como autonómicos".
"La 'puerta giratoria' es la que permite el acceso de intereses privados en la gestión de lo público y, cuando esto sucede, el perjudicado es siempre el mismo: el ciudadano", añade la diputada, para quien la regulación actual es "injusta e insostenible" y está diseñada "para favorecer los intereses de unos pocos y perjudicar los intereses públicos, hipotecando el futuro económico y medioambiental" del país.
Es más, a su entender la regulación del sector eléctrico está redactada "a medida del oligopolio de las cinco grandes empresas que tienen como práctica habitual cooptar a gobiernos y reguladores", y son las 'puertas giratorias' las que más han contribuido al "lastre de políticas".
"Es evidente que este paso de lo público a lo privado, sobre todo cuando se trata de miembros del Gobierno que han tomado decisiones que han afectado a dichas empresas, es más que dudoso éticamente. Muchos ministros protagonizaron la privatización de empresas públicas garantizando altas retribuciones y ahora forman parte de sus consejos de administración", ha lamentado, reclamando que se "despeje esa sombra de sospecha" que pesa sobre muchos ciudadanos.
ANTICORRUPCIÓN DEBE INVESTIGAR
Por eso, IU-ICV apoya a la plataforma ciudadana que, mediante un texto de 44 páginas, reclama a la Fiscalía una investigación "inmediata" para aclarar si, "además de falta de ética, ha habido prevaricación o tráfico de influencias" en las "actuaciones absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas" que protagonizaron estos responsables públicos.
Así, alegan que sus decisiones "están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector", y advierten de que el listado sobre el que se solicita una investigación no es exhaustivo, pudiendo haber nombres en él de personas que no son "copartícipes" de este comportamiento y otros que sí deberían ser investigados y no son citados en el mismo.
En concreto, el texto de denuncia cita explícitamente a los expresidentes Felipe González y José María Aznar, al expresidente del Congreso Manuel Marín, a los exvicepresidentes Narcís Serra, Pedro Solbes y Elena Salgado; al actual ministro de Economía, Luis de Guindos; a los exministros Joan Majó, Ángel Acebes y Ana Palacios; al exsecretario de Estado Fabrizio Hernández, al expresidente de la Comunidad Valenciana José Luis Olivas, al exconsejero extremeño Manuel Amigo, o a Ignacio López del Hierro, marido de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, entre otros.
Para presentar esta denuncia, la Plataforma Ciudadana por un Nuevo Modelo Energético ha recogido más de 70.000 firmas, según asegura en su perfil de Facebook. La demanda se basa en el argumento de que los mismos dirigentes que toman decisiones perjudiciales para las empresas renovables y que acaban pagando los consumidores con el pretexto de luchar contra el 'déficit de tarifa' acaban trabajando para empresas a las que dichas normativas han beneficiado.
