MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, defendió hoy que "no existe ninguna administración pública en España" que enajene viviendas a precios de mercado y que hacerlo sería un "absurdo conceptual", porque las políticas públicas de vivienda se dirigen a grupos sociales de reducido poder adquisitivo.
Granado, que compareció ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso para explicar la política de enajenación de inmuebles de su departamento, explicó que entre 1996 y 2008 la institución que dirige enajenó 1.556 inmuebles con unos ingresos de 207 millones de euros, de los que 976 fueron viviendas, que generaron 108,5 millones de euros.
En su 'Informe de Fiscalización de la Contratación' celebrada durante el ejercicio 2005 el Tribunal de Cuentas ha detectado "falta de transparencia" en la fijación de los precios de venta de inmuebles por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social "muy inferiores" a los precios de mercado a favor de sus arrendatarios, llegando a suponer un 29% de los precio libres.
El secretario de Estado aportó datos de venta de viviendas que se remontan hasta 1996, año en que las ventas se produjeron a un precio de 39.154 euros por vivienda. En 2005, año fiscalizado por el Tribunal Constitucional, el precio fue de 157.368 euros. Este dato contrasta con el de dos años antes, 2003, cuando el precio medio fue 3.005 euros. En este sentido, aseguró que estas operaciones no han perjudicado de ninguna manera a las arcas de la Seguridad Social.
LAS SUBASTAS LIBRES NO BENEFICIAN A LA ADMINISTRACIÓN
Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, al seguir las instrucciones del Tribunal de Cuentas de enajenar los inmuebles a "precios de mercado", el porcentaje de adjudicaciones desiertas en las subastas se elevó desde el 55,36% en 2006 al 82,28% en 2008, año en el que además se registró una caída de la recaudación de 21 millones de euros, lo que a juicio de Granado demuestra que "no siempre se beneficia a la administración".
En este sentido, Granado ha defendido en varias ocasiones que las enajenaciones se dan a precios "naturalmente más bajo que si las viviendas estuvieran vacías" porque el organismo ha "preferido" destinarlas a sus arrendatarios, que pagan un "precio muy módico" y tenían derecho a "todas las transmisiones legales" de herencia con una expectativa de periodos de ocupación dilatados, "antes que desahuciarlas" y venderlas más caras.
