MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Deuda del Estado en circulación se redujo en 6.705 millones de euros el pasado año, pasando de 319.162 millones de euros en 2005 a 312.457 millones de euros en 2006, según la memoria anual sobre política de financiación del Estado y del los organismos autónomos, que el Consejo de Ministros remitió hoy a las cortes generales.
De esta forma, el saldo de la Deuda Pública española cayó el pasado año hasta el 39,8% del PIB, lo que supone una reducción de más de tres puntos frente al año anterior y representa el nivel más bajo de los últimos veinte años.
La emisión bruta efectiva de Deuda del Estado ascendió en 2006 a 55.000 millones de euros, lo que supone una reducción del 27% frente a las previsiones establecidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2006 y del 14% respecto al anuncio en diciembre de 2005 sobre la estrategia de emisión del Tesoro Público para 2006. Desglosada por productos, la emisión de letras del Tesoro ascendió a 24.800 millones de euros, un 45% del volumen total emitido, y supuso una reducción del 8% respecto a lo anunciado a finales de 2005, mientras que el volumen total de emisión bruta de bonos y obligaciones alcanzó los 30.200 millones de euros, el 55% de lo emitido y que supuso una reducción del 17% del volumen previsto a finales de 2005.
Las amortizaciones de Deuda del Estado ascendieron a 61.500 millones de euros, por encima de los 56.900 millones previstos a finales de 2005, gracias a la favorable coyuntura financiera y presupuestaria. Asimismo, en 2006 se amortizaron por recompras 4.386 millones de euros nominales de Deuda del Estado.
Por último, la memoria recoge el saldo de la deuda de los organismos autónomos pertenecientes a los Ministerios de Defensa, de Educación y Ciencia, y de Medio Ambiente, que ascendió a 302,90 millones de euros en 2006.
El Ejecutivo destacó que la aplicación de una política fiscal "rigurosa, prudente y disciplinada" dio lugar a la obtención de unos resultados notables el pasado año, con un superávit presupuestario récord de las Administraciones Públicas del 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB), con un porcentaje correspondiente a la Administración Central del 0,8% del PIB.
