La Eurocámara exige que las sanciones sean más automáticas y los Veintisiete lo rechazan
BRUSELAS, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento Europeo ha decidido este jueves retrasar hasta julio la votación del nuevo sistema de sanciones para los países con déficit y desequilibrios excesivos, que estaba prevista para hoy, con el objetivo de dar más tiempo a resolver las diferencias con los Gobiernos de los 27.
Además, los grupos de izquierda (socialistas, verdes e Izquierda Unitaria) se han opuesto a partes del paquete por considerar que impone excesiva austeridad.
El principal punto de desacuerdo es que la Eurocámara, que cuenta con el apoyo del Banco Central Europeo (BCE) exige que las multas sean más automáticas, mientras que los Veintisiete desean conservar un mayor margen de maniobra político antes de lanzar los procesos sancionadores.
El denominado 'paquete de gobernanza' es uno de los pilares centrales de la respuesta de la UE a la crisis. La Comisión ha lanzado un llamamiento a la Eurocámara y a los Gobiernos para que superen sus diferencias y alcancen un compromiso antes del verano, tal y como estaba previsto.
"Es particularmente grave para el Parlamento que Francia y Alemania, los dos países que debilitaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hayan unido fuerzas para oponerse a la medida que haría más para prevenir este tipo de actuaciones en el futuro", apuntó el pasado martes la presidenta de la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Sharon Bowles.
Si no hay acuerdo entre la Eurocámara y los Ventisiete antes de julio, la aprobación se retrasará varios meses hasta que haya un pacto en segunda lectura. Ello supondría incumplir el compromiso asumido por los líderes europeos de resolver esta cuestión antes del verano.
Los ministros de Economía de los 27 ya alcanzaron un acuerdo provisional el pasado 15 de marzo sobre multas de hasta el 0,2% del PIB, que en el caso de España ascenderían a 2.000 millones de euros, para los países con déficit y desequilibrios excesivos.
Sin embargo, el Banco Central Europeo (BCE) ha denunciado que el nuevo modelo es insuficiente para prevenir futuras crisis de deuda y ha reclamado a la Eurocámara, colegislador en la materia, que lo endurezca. Las sanciones no son casi automáticas como defendía la Comisión, se da más tiempo a los países incumplidores para corregirse y más peso a las decisiones políticas del Ecofin, que en el pasado ha aprobado incumplir el Pacto de Estabilidad.
Tras varias semanas de negociaciones, el principal punto de desacuerdo entre los Gobiernos y la Eurocámara se encuentra en que los parlamentarios quieren extender el uso del mecanismo del voto por mayoría inversa incluso a la parte preventiva del Pacto de Estabilidad.
De este modo, las sanciones serían casi automáticas, como quiere el BCE, ya que cualquier propuesta presentada por Bruselas se consideraría adoptada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada. El objetivo es reforzar la independencia de la Comisión y prevenir las interferencias políticas de los ministros de Economía durante el proceso sancionador.
Pero la mayoría de Estados miembros considera inaceptable aumentar el uso del voto por mayoría inversa.
Los Gobiernos han aceptado la petición de la Eurocámara de que se creen nuevas sanciones de hasta el 0,5% del PIB para los países que manipulen sus estadísticas, como hizo Grecia.
En cambio, han diluido la pretensión del Parlamento Europeo de poder obligar a comparecer a cualquier ministro de Economía de la UE inmerso en un proceso sancionador. Finalmente, la Eurocámara no podrá forzar a los ministros.
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