BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha ofrecido a la Generalitat un modelo de financiación que se desplegaría "gradualmente en cuatro o cinco años" y que, al finalizar este plazo, reportaría a Cataluña unos 3.100 millones de euros adicionales al año, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de las conversaciones.
Salgado cerró ayer noche un preacuerdo con el conseller de Economía, Antoni Castells, que aún debe ser aceptado por los socios del tripartito, con el objetivo de zanjar el asunto antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo 15 julio, en el que el Gobierno cerraría el acuerdo con el conjunto de autonomías y que se repartirían unos 12.000 millones.
A la cifra ofrecida por el Estado a Cataluña, tendría que añadirse la denominada 'caja b', es decir, los recursos adicionales por competencias que no tiene ninguna otra autonomía, como seguridad, justicia y prisiones. La 'caja b' es una posibilidad que recoge la Lofca y además, la cuantía pactada y su actualización anual quedaría blindada ante un eventual cambio de Gobierno central.
El tripartito está ahora analizando la propuesta aunque todavía quedan flecos pendientes y, si no hay nuevos avances, el Govern no descarta que al final no haya acuerdo. El propio presidente José Montilla dijo desde Talarn (Lleida) que se está en la "recta final", y mantiene contactos permanentes con el presidente Zapatero y Salgado los últimos escollos, explicaron fuentes del Ejecutivo catalán.
Entre los puntos que no concreta el preacuerdo, y que recoge el Estatut, está el principio de la ordinalidad, que establece que Cataluña no perderá posiciones en la clasificación de autonomías en renta per cápita tras su aportación al fondo de solidaridad interterritorial.
Tampoco se concreta en el preacuerdo Salgado-Castells si en los criterios para proceder al reparto de recursos, se incluyen la inmigración y los costes diferenciales, según las citadas fuentes.
REIVINDICACIÓN HISTÓRICA
La reforma de la financiación era una de las principales razones que se argumentaron desde Cataluña para impulsar la reforma del Estatut, que se emprendió a principios de 2004, tras el ascenso del tripartito --socialistas, ERC e ICV-EUiA-- en la Generalitat. El objetivo era alcanzar un modelo más justo y equitativo para Cataluña, y que además, incluyera criterios de actualización.
El Estatut establece cuatro grandes ejes del nuevo modelo de financiación. El primero de ellos es que Cataluña incremente su suficiencia financiera, y que sus ingresos procedan íntegramente de los impuestos pagados por los ciudadanos de Cataluña. Así, el texto incrementa los porcentajes de participación de la Generalitat en el rendimiento de los tributos estatales: del 33 al 50% en el IRPF, del 35 al 50% en el IVA, y del 40 al 58% en los impuestos especiales.
La segunda novedad es que la Generalitat incremente su capacidad normativa sobre los impuestos estatales en los que participa. La tercera es la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, que gestiona los tributos propios y los cedidos totalmente; y que se coordina con la Agencia Tributaria estatal para gestionar el resto de tributos cedidos parcialmente, como el IRPF.
En cuanto a la solidaridad, el Estatut garantiza que Cataluña continuará contribuyendo. Eso sí, el Estatut establece un mecanismo de nivelación parcial, similar a los que existen a los estados federales, como Alemania o Canadá. De esta forma, los recursos de la Generalitat se dividen en dos bloques: los destinados a financiar los servicios esenciales --educación, sanidad y servicios sociales-- y el resto.
