Cifra los costes del exceso normativo de la economía española entre el 4,6% y el 6% del PIB
MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El compromiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de reducir las cargas administrativas en un 30% en el plazo marcado por la Comisión Europea (antes del 2012) impulsará el PIB nacional entre 0,22 y 0,27 puntos porcentuales de media durante los diez años posteriores a la reforma y entre 0,24 y 0,3 puntos al año, según la valoración que hace el Banco de España sobre la puesta en marcha de esta medida en su último Boletín Económico.
Así, la institución asegura que la simplificación normativa en España puede tener un impacto "potencialmente muy significativo" sobre el PIB, las ganancias de eficiencia y la competitividad, condiciones que considera "particularmente importantes" para un país como España, que forma parte de la Unión Monetaria y cuyo tejido empresarial está "muy sesgado" hacia empresas de reducido tamaño.
Señala que el recorte de estas cargas puede impulsar "de forma significativa" el PIB y la productividad en España, ya que entre el 2,9% y el 3,5% del total de ocupados en la economía de mercado dejarían de realizar tareas administrativas y se podrían dedicar a la actividad productiva de cada empresa. Además, según la institución, la medida potenciará el crecimiento en España "en mayor medida" que en el resto de los países europeos y sin afectar apenas al empleo, aunque no se descarta algún incremento del desempleo "muy a corto plazo".
En esta misma línea, subraya que el recorte del 30% en las cargas afectaría positivamente al sector servicios y permitiría también reducir la tasa de inflación, lo que, según la institución gobernada por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, redundaría en una mejora de la posición competitiva de los productos españoles en el exterior y, por lo tanto, de la balanza comercial, que mejoraría cerca de un 0,1% con respecto al nivel que hubiera alcanzado sin la puesta en marcha de la medida.
No obstante, el Banco de España dibuja otro escenario en el que el Gobierno no acomete la reforma administrativa mientras que el resto de países europeos y la CE disminuyen sus cargas en un 25%, situación que tendría también cierto efecto positivo para la economía española (de entre 0,08 y 0,1 puntos porcentuales en el crecimiento medio anual), pero que se vería parcialmente contrarrestado por el empeoramiento de la competitividad de España con la UE.
La simplificación y mejora de la calidad del marco regulatorio en España se ha planteado en numerosas ocasiones como principal objetivo para aumentar la competitividad y el crecimiento de la economía española evitando exigencias que pueden resultar excesivas en relación con los objetivos perseguidos, o "excesivamente complejas, prolijas e, incluso, redundantes".
COSTES "ESPECIALMENTE GRAVOSOS" EN ESPAÑA.
El Banco de España asegura que existen diversas estimaciones sobre el coste que supone el exceso normativo en cada país, aunque, según las diferentes metodologías, las pequeñas empresas son las más perjudicadas por este exceso normativo. Además, en España, los costes soportados por el tejido empresarial pueden ser "especialmente gravosos" por el grado de descentralización de la Administración Pública y por el dominio de las pequeñas y medianas empresas.
En concreto, la institución se refiere a tres estimaciones distintas: la de Kox (que hizo un estudio sobre la economía holandesa y extrapoló los resultados a otros países), que cifra los costes administrativos de la economía española en el 4,6% del PIB, la de las Cámaras de Comercio de Barcelona, que también lo cifra en el 4,6% del PIB y la de la OCDE, que sitúa los costes administrativos en el 5,6% del PIB, resultado que se eleva al 6% si se extrapola el resultado a todo el universo de empresas del país.
En cualquier caso, según el Banco de España, todas las estimaciones muestran que los costes administrativos representan un porcentaje "nada despreciable" del PIB puesto que se trata de costes "especialmente elevados" en España en comparación con sus principales socios comerciales.
Por todo, valora la medida que aprobó el Ejecutivo el pasado mes de junio en Consejo de Ministros para facilitar a la empresa un entorno reglamentario "ágil y dinámico", y asegura que supondrá un esfuerzo "considerable", dado que implica necesariamente a varias administraciones públicas y supone "un gran trabajo" de medición y de decisión sobre dónde y cómo recortar las obligaciones impuestas por la regulación, sin que afecte a su efectividad.
