MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La agencia de calificación Standard & Poor's ha rebajado sus calificaciones globales de largo plazo en moneda local y extranjera de la República de Argentinaa 'B-' desde 'B' y las calificaciones de corto plazo a 'C' desde 'B', con tendencia estable, informó hoy S&P.
Asimismo, redujo la evaluación de transferencia y convertibilidad a 'B+' desde 'BB-' y afirmó la calificación de riesgo de recuperación sobre las emisiones de bonos del país.
La rebaja de la calificación refleja "crecientes preocupaciones acerca del deterioro en el ambiente político y económico y su impacto en la situación fiscal". Según la agencia, se espera que en 2009 la tasa de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se reduzca "fuertemente" respecto del 6% esperado para 2008, dada una combinación de 'shocks' negativos tanto externos como internos.
En el frente externo, el debilitamiento de la economía global afectará negativamente los precios de las materias primas
agrícolas, cuyas exportaciones contribuyen a la solidez de las cuentas fiscales y externas. En el ámbito interno, la "sorpresiva" iniciativa de transferir nuevamente al Estado el sistema privado de
pensiones "ha sacudido al mercado financiero local e impactado en el nivel de confianza general".
Adicionalmente, la introducción de la reforma del sistema de jubilaciones "incrementa el riesgo de polarización política en un momento de mayores incertidumbres y expectativas en deterioro", destaca S&P.
A juicio de la agencia, la capacidad del Gobierno de manejar estos desafíos durante los próximos 18 meses "requerirá un fuerte compromiso", especialmente dada la falta de acceso de la República a los mercados internacionales y la incertidumbre acerca de la capacidad de emitir en el mercado local en el futuro.
Además, estima que las elecciones legislativas previstas para octubre 2009 podrían tener un impacto negativo en la evolución de las cuentas públicas. Adicionalmente, mientras que los depósitos del Gobierno (incluyendo los fondos residentes en agencias gubernamentales) permiten "cierta protección" durante
los próximos 12 meses, el Ejecutivo debe afrontar amortizaciones por alrededor de 12.000 millones de dólares (el 4% del PIB).
