La reforma pretende minimizar el tiempo de infracción-sanción y reducir la sensación de impunidad de los conductores infractores
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Tráfico se ahorrará alrededor de 19,9 millones de euros anuales con la reforma del procedimiento sancionador que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 28 de noviembre, al agilizar los trámites de notificación e introducir el modelo de la notificación a través de medios informáticos, según consta en el proyecto de ley de reforma del procedimiento sancionador al que ha tenido acceso Europa Press.
De acuerdo con el texto del proyecto de ley, para el mismo número de procedimientos, las notificaciones a practicar se reducirían con la nueva legislación a 4,8 millones, que implicarían un coste de 11,9 millones de euros anuales, 19,9 millones de euros menos de lo que la administración prevé gastarse en 2008.
Así por ejemplo, en 2007, se formularon un total de 3,5 millones de denuncias que dieron lugar a unas 11,6 actos a notificar --lo que incluye notificaciones de las denuncias, de las resoluciones sancionadoras y de los recursos, entre otros trámites-- que costaron 28,5 millones de euros.
Cada una de esas notificaciones tiene un coste variable para la administración dependiendo del servicio que esta haya contratado con Correos, que varía de los 1,50 euros de la notificación básica a costes más elevados dependiendo de si el cliente ha introducido "mejoras complementarias" en la notificación como un tercer intento de entrega en horario de tarde o la digitalización.
Además, en el caso de que después de que la administración haya intentado notificar tres veces la infracción sin éxito y sea necesario proceder a la notificación en el Boletín Oficial de la Comunidad, el coste para la DGT sube hasta los 2,45 euros por notificación.
En el año 2008, se prevé que la DGT tramite unos 4 millones de procedimientos sancionadores, algo más que en 2007, que habrán dado lugar a unos 13 millones de actos a notificar, y que supondrán un coste en servicios postales cercanos a los 32 millones de euros, un coste que Tráfico pretende reducir con esta nueva reforma legal que viene a completar el sistema del carné por puntos, y la reforma del código penal para incluir delitos contra el tráfico.
Si salva con éxito el trámite parlamentario, la parte de la reforma relacionada con los cambios en las sanciones a las infracciones y el 40 por ciento de reducción por pago voluntario de las multas entrará en vigor en seis meses después de su aprobación en el Congreso, mientras que la parte relacionada con la notificación a través de medios informáticos se demorará un año.
NOVEDADES PARA AGILIZAR.
Esta nueva reforma, que dota a Tráfico de un procedimiento sancionador propio, tiene entre sus objetivos minimizar el tiempo de infracción-sanción, reducir la litigiosidad por motivos de forma, desterrar la sensación de impunidad de los conductores infractores y conseguir notificar las infracciones cuanto antes.
Así, según fuentes de la DGT, la reforma pretende acabar con casos paradójicos como el que ocurre con la tramitación de infracciones de alcoholemia consideradas delito, que pueden llegar a tramitarse en 72 horas, mientras que la tramitación por la vía administrativa de infracciones de menor gravedad por conducir con tasas más bajas de alcohol pueden demorarse hasta cinco meses.
Es decir, según explicaron las mismas fuentes, se trata de establecer un procedimiento específico para las sanciones de tráfico distinto del procedimiento administrativo general, y trasladar al ámbito administrativo el concepto de "juicio rápido" que se aplica ya en el ámbito penal para ciertos delitos contra la seguridad del tráfico.
Con este propósito, se establece entre otras medidas, la posibilidad de que el conductor infractor que renuncie a presentar alegaciones o recursos y pague su multa en 15 naturales después de la infracción obtenga un 40 por ciento de reducción del importe de la multa y una reducción del 40 por ciento del periodo de suspensión, aunque pierda su puntos de la misma manera que si hubiera recurrido.
Asimismo, la reforma incluye un caso especial de tramitación de multas para los casos en que la notificación sea entregada en mano en la carretera por un agente al conductor infractor. En estos casos específicos, si no se formulan alegaciones ni se paga, Tráfico dictará una resolución firme en el plazo de 30 días, sin posibilidad de retrasar más la sanción.
NOTIFICACIÓN INFORMÁTICA.
Por otro lado, el proyecto de ley establece la obligación para las empresas de poner a disposición de Tráfico una dirección virtual en la que la DGT pueda notificarles, sin necesidad de recurrir a Correos, las infracciones de tráfico. Esta Dirección Electrónica Vial (DEV) será voluntaria para los conductores, que accediendo a tener esta dirección virtual, podrán, entre otras cosas, enterarse de las infracciones que comentan a través de un SMS en su teléfono móvil.
Además, el proyecto de ley crea el tablón edictal de sanciones de tráfico (TESTRA), de modo que si un conductor comete una infracción por exceso de velocidad a su paso por Burgos, tras tres intentos fallidos de notificar esa infracción, la resolución de sanción en lugar de publicarse en el boletín de esa provincia, se publicará en una página web común a todas las provincias españolas, y a la que los conductores podrán acceder.
Mientras que con la creación del DEV la DGT prevé ahorrarse unos 918.000 euros comparado con lo que se gastó en 2007, gracias a TESTRA tráfico prevé un ahorro de 2,5 millones de euros, según consta en el proyecto de ley.
