El Tribunal de Cuentas señala que en algunos casos el incremento superó al precio inicial de licitación por razones no justificadas
MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El 92% de los 37 contratos de obras que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) realizó entre 2006 y 2009, aún bajo mandato socialista, costó más de lo inicialmente presupuestado, hasta sumar un importe de 119,52 millones de euros, y todos los expedientes fueron modificados tras la adjudicación.
Así lo revela el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización de la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que ha sido ya remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press. En esta memoria se analizan los 1.143 contratos (de obra, suministro y servicio) del INSS, que sumaron 318,51 millones de euros.
Según dicho documento, nueve de cada diez contratos de obras sufrieron desviaciones en su precio inicial durante la fase de ejecución, y todos ellos fueron modificados tras la adjudicación. "En algún caso el incremento del coste final de la obra incluso superó en más del cien por ciento el presupuesto de licitación inicial, lo que no resulta acorde con el necesario cumplimiento de los principios de eficiencia y economía en la ejecución del gasto", critica el órgano fiscalizador.
Además, en casi todos los casos los incrementos acumulados se acercaron al 20% máximo que, según la Ley de Contratación del Sector Público, obliga a anular el contrato y convocar de nuevo el concurso.
CONCURSOS "DESVIRTUADOS"
Asimismo, en ese periodo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero también fue habitual que el incremento del coste durante la ejecución de la obra compensara la oferta a la baja que había decidido la adjudicación, ya que en la práctica totalidad de los expedientes el contrato se adjudicó por procedimiento abierto con el precio como único criterio.
"La práctica habitual, que debería ser excepcional, de modificar los contratos en la fase de ejecución llega a desvirtuar el proceso de adjudicación al variar sustancialmente las condiciones económicas de la licitación", añade el informe, criticando que en algunos casos el adjudicatario había "incurrido inicialmente en una baja temeraria", lo que "cuestiona la procedencia" de la selección de esa oferta.
Este fenómeno fue especialmente habitual durante el ejercicio 2009, cuando el Tribunal de Cuentas aprecia "un aumento en el número medio de empresas que participaron en los procedimientos abiertos convocados por el INSS para la contratación de obras" y también "mayores bajas respecto del presupuesto de licitación en las ofertas económicas presentadas".
CASI DIEZ MESES DE RETRASO MEDIO
Según destaca el Tribunal de Cuentas, todos los expedientes de obras del INSS en el trienio fiscalizado incumplieron los plazos de ejecución inicial, casi siempre por cambios en el proyecto que conllevaban incrementos del coste. De media, el retraso en la finalización de las obras fue de 9,8 meses.
Un retraso no justificado según el organismo fiscalizador, dado que "con excesiva frecuencia" no se acreditaron suficientemente las razones de las modificaciones del contrato, o se esgrimen casas que podrían y deberían haber sido previstas por el licitador antes del concurso.
"Existen deficiencias en la planificación y preparación de los contratos de obras", concluye el documento, que recomienda al INSS "extremar la diligencia" en esa fase de la contratación y asegurar un "mayor rigor" en la supervisión y ejecución de las obras.
Por el contrario, los plazos de pago de los contratos por parte del Instituto de Seguridad Social --fijado en un máximo de 60 días desde la expedición de las certificaciones de obra o de los documentos que acreditan la realización total o parcial del contrato-- se cumplieron en la práctica totalidad de los casos, y únicamente se registraron retrasos en tres pagos, con un máximo de 38 días.
CONTRATOS DE SERVICIOS
Con respecto a los contratos de servicios, el Tribunal de Cuentas critica que los pliegos de cláusulas administrativas excluyeron con carácter general la aplicación de la revisión de precios a la que obliga a ley "a pesar de tratarse de contratos con una duración superior al año", y además las adjudicaciones se realizaron con "incidencias relativas a la determinación y a la aplicación de los criterios objetivos".
En concreto, se constató insuficiente determinación en los pliegos sobre el contenido o la forma de valoración de los criterios de adjudicación no cuantitativos, de las posibles mejoras propuestas por los licitadores, o de la inclusión de criterios que deberían haber sido tenidos en cuenta previamente para acreditar la solvencia de las empresas. También se utilizaron en ocasiones "fórmulas o métodos de valoración del criterio precio que no resultaban acordes con los principios de economía y eficiencia".
