El PP insiste en que es una "ilegalidad manifiesta" y la ministra asegura que hay trece precedentes similares de cargos de Aznar
MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró hoy que obró "bien desde el punto de vista ético y jurídico" ante la autorización por parte del Gobierno al nombramiento del director de la Oficina Económica de Moncloa, David Taguas, al frente de la patronal de constructoras Seopan, si bien admitió que el caso no está cerrado porque legalmente existe un plazo de dos años en que se puede revocar ese visto bueno.
La exposición de Salgado ante la Comisión de Administraciones Públicas de la Cámara Baja sobre las circunstancias de este polémico 'fichaje' no convencieron al diputado 'popular' Rafael Merino, quien auguró que el caso Taguas "no acaba hoy" y se mostró convencido de que al final el Ejecutivo tendrá que darle la razón en el sentido de que se trata de una "ilegalidad manifiesta".
A esto Salgado respondió que la ley da un plazo de dos años para revocar el visto bueno de la Oficina de Conflictos de Intereses en el caso de que nuevas informaciones lo requieran así. "El caso no está cerrado, pero no porque lo diga el PP", remachó.
En este sentido, acusó a los 'populares' de reiterar informaciones prefabricadas y utilizar "falsos silogismos en sus argumentos para invertir constantemente la "cara de la prueba" y manipular la información aportada por los organismos.
Salgado insistió en que España ha seguido las recomendaciones de la OCDE para mejorar la "infraestructura ética" de la administración. En este sentido, reiteró que el procedimiento que la Oficina de Conflictos de Intereses siguió ante el nombramiento de Taguas respondió a su total "autonomía funcional" y lamentó que se ponga en duda su labor de los últimos quince años. "Nadie cuestiona que sea el Congreso quien controle las incompatibilidades de los diputados", señaló.
Asimismo, y ante la insistencia del representante del PP, Salgado reveló que la Oficina actuó en función de los precedentes de "al menos" trece altos cargos de la etapa de Gobierno de José María Aznar, que se encontraron en la misma situación de Taguas, entre ellos el ex director general de Carreteras del Ministerio de Fomento, Juan Francisco Lazcano, actual presidente de la CNC.
OSCURANTISMO DEL GOBIERNO.
El 'popular' Rafael Merino, contraatacó acusando de oscurantismo al Gobierno por no haberle facilitado aún la documentación que le solcito a mediados de mayo sobre la actividad de Taguas al frente de la Oficina Económica de Moncloa y su relación en esa época con Seopan. En este sentido, recordó que la organización agrupa a los "mayores accionistas de las mayores eléctricas de España", lo que aprovechó para sacar a colación el tema de la guerra de OPAs sobre Endesa.
Por su parte, el diputado de ICV, Joan Herrera, reclamó la modificación de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos por su mal funcionamiento en el caso de Taguas, que ha supuesto una perversión por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses, y censuró un "relajo ético" del Gobierno que se debería atajar y no alabar.
Asimismo, interrogó a Salgado por los contactos entre las diferentes ministerio y organismos como el ICEX al grupo Seopan Export, creado para dar un servicio especializado a las empresas asociadas a Seopan con actividad internacional, a lo que la ministra se limitó a responder que su existencia "no convierte a una organización de empresas en una entidad que deba ser perseguida".
Salgado señaló también que una reforma de la ley debe atenerse al principio de no ahogar las expectativas legítimas de los funcionarios, lo cual también actuaría en sentido inverso, impidiendo que grandes profesionales del sector privado "aporten su experiencia" al público.
PSOE DEFIENDE LA ESTRICTA LEGALIDAD.
El portavoz de CiU en la Comisión, Jordi Jané, coincidió con Salgado en pedir el "necesario respeto institucional" a leyes, instituciones y personas, así como a a la presunción de inocencia de los altos cargos, pues de no ser así, indicó, puede volverse en contra incluso "de algunos diputados".
Por último, la diputada socialista, Elisenda Malaret, reiteró que la resolución final de la Oficina de Conflictos de Intereses está sometida a la "estricta legalidad", por lo que no considera de recibo que el Congreso fuera el lugar oportuno para emitir juicios sobre comportamientos que, en principio, se ubican en la órbita exclusivamente privada.
