MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los taxis, el alquiler de vehículos con conductor, las concesiones demaniales o las oficinas de farmacia quedarán excluidas del nuevo régimen de autorización única previsto en la Ley de Unidad de Mercado, por lo que mantendrán su régimen de autorización actual.
Así consta en una de las siete enmiendas que el PP ha presentado a dicho proyecto de ley, actualmente en tramitación parlamentaria, que pretende generalizar el principio de licencia única en todo el territorio nacional para eliminar barreras de establecimiento de actividades económicas.
Los 'populares' proponen así incorporar a la exposición de motivos una garantía de que determinados servicios como los mencionados "continuarán sometidos a su actual régimen de autorización y con eficacia nacional limitada", lo mismo que sucede con los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas.
JUSTIFICAR LA EXIGENCIA DE AUTORIZACIONES.
Por otra parte, la formación que da sustento al Gobierno ha recogido en otra de sus enmiendas que sólo se podrá exigir una autorización cuando concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, que deberán estar "motivados suficientemente" en la ley que establezca dicho régimen, salvo que la exigencia se derive de una norma comunitaria o tratado internacional, que podrá esta previsto en una norma de rango inferior.
De este modo, justifican los 'populares', se "evitan posibles incongruencias" con lo previsto en la Ley de Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que traspone una directiva europea, y también se "endurecen las condiciones para establecer controles ex ante y se permite un mejor seguimiento entre las administraciones públicas".
Este cambio en el artículo 17 va acompañado de su correspondiente referencia en la exposición de motivos del proyecto de ley, que busca subrayar que la instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad "debe entenderse sin perjuicio del principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional".
"Así, una vez que los operadores han obtenido una autorización o presentado una declaración responsable o comunicación para acceder a una actividad, o incluso si han accedido a la misma sin necesidad de realizar ningún trámite previo, ésta podrá ser ejercida en todo el territorio nacional sin que quepa, por ejemplo, la exigencia de una nueva autorización, declaración responsable o comunicación excepto para determinadas actuaciones para las que se limita este principio de eficacia nacional", sugiere el PP añadir al texto.
Entre dichas excepciones, el proyecto de ley recoge las autorizaciones vinculadas a una instalación o infraestructura física concreta, los actos administrativos relacionados con la ocupación de un determinado dominio público o cuando el número de operadores económicos en un lugar del territorio sea limitado en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, o cuando por razones de orden público (incluida la lucha contra el fraude, la contratación pública y la garantía de la estabilidad financiera) el medio de intervención corresponda al Estado.
POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD.
Sin embargo, con esta modificación el PP no solventa la principal crítica de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y PNV, que han presentado enmiendas sobre este artículo apelando a su posible inconstitucionalidad y apoyándose en un argumento del voto particular formulado por el dictamen del Consejo de Estado sobre esta ley.
Y es que estas cuatro formaciones aseguran que este principio de eficacia nacional vulnera competencias autonómicas y, además, deja fuera a una docena de áreas que, conforme al derecho de la Unión Europea, son razones lícitas de imperioso interés general que pueden conllevar la exigencia de una autorización.
En concreto, el dictamen del Consejo de Estado se refiere a la protección de la salud y vida de los animales, la preservación de los vegetales, la protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional; la protección de la propiedad industrial y comercial, la protección del consumidor, la mejora de las condiciones de trabajo, el mantenimiento de la diversidad de los medios de comunicación, el equilibrio financiero del sistema de la seguridad social, la seguridad viaria, la lucha contra la delincuencia o el bienestar de los animales.
"Si se pretende que quienes tienen la competencia en estas áreas y que, conforme a derecho de la UE, podrían incluso adoptar medidas de prohibición --las Cortes generales, el Gobierno o las comunidades autónomas o entidades locales en su ámbito de competencia-- no pueden someter las conductas de los operadores económicos que potencialmente atentan contra esos intereses generales a la técnica de la autorización, el sistema es flagrantemente inconstitucional", añade el Consejo de Estado.
PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES ECONÓMICOS.
Finalmente, el PP ha presentado una batería de enmiendas para garantizar la participación de los representantes de los operadores económicos en los procesos de defensa de sus intereses o en la toma de decisiones para remover obstáculos o barreras a la actividad económica.
Así, se propone que las organizaciones representativas de los operadores económicos, incluidas las cámaras de comercio oficiales, puedan acudir a los procedimientos en defensa de los intereses colectivos que representan, así como recurrir ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) si discrepan de la decisión adoptada por la autoridad competente en cada caso.
También serán actores válidos para informar a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado sobre obstáculos o barreras relacionados con esta ley, y podrán contribuir asimismo al trabajo de las conferencias sectoriales donde se analizarán y propondrán modificaciones normativas complementarias.
