Montero dice que la senda de déficit da mayor seguridad jurídica a los PGE y refuerza el Estado de autonomías

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) - La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que la senda de déficit del Gobierno ofrece mayor seguridad jurídica en la tramitación de los Presupuestos de 2019, que son necesarios para reforzar el Estado de bienestar y empezar la recuperación de los derechos perdidos en la crisis. Montero ha incidido en que "hoy más que nunca" hay que reforzar el discurso del Estado de las autonomías frente a las propuestas de centralización o eliminación de las comunidades autónomas. Así lo ha defendido durante la defensa del debate sobre el acuerdo de estabilidad presupuestaria 2019-2021 en el Pleno del Congreso, en donde ha destacado que la senda es "más flexible y realista", acorde con las previsiones de los organismos que advirtieron de que la política del Gobierno del PP conducía a un déficit superior al previsto. Montero ha afirmado que la senda es "un requisito previo para ofrecer mayor seguridad jurídica en la tramitación de los Presupuestos", y ha explicado que no ha cambiado respecto a la presentada en julio, rechazada entonces por el Congreso, porque la "voluntad" del Gobierno no ha variado y no renuncia a seguir reivindicando los objetivos de déficit acordados con Bruselas al ser una "oportunidad para España" de favorecer el crecimiento, la mejora de servicios y la posibilidad de empezar la recuperación de los derechos "arrebatados" durante la crisis. Asimismo, ha advertido de que el rechazo a la senda supondría una prórroga presupuestaria a políticas constantes que Europa ya ha comprobado que elevaría el déficit al entorno del 2,2% o el 2,4% el próximo año, frente a la meta del 1,8% que plantea la senda del Ejecutivo. De igual forma, ha criticado que PP y Cs no cierren el plazo de enmiendas para la tramitación de la proposición de ley en el Congreso propuesta por PSOE y Podemos con el fin de corregir la capacidad de veto que otorga al Senado la Ley de Estabilidad Presupuestaria. "Es injusto que no se continúe con la tramitación de la ley y se acabe con el injusto veto en el Senado", cuando los 6.000 millones de margen presupuestario de la senda del Gobierno se destinarán a ser invertidos "directamente y sin ningún tipo de duda" en mejoras sociales. La senda del Gobierno contempla un déficit del 1,8% del PIB para 2019, cinco décimas más que el objetivo actual de Mariano Rajoy, con un margen de casi 6.000 millones que flexibiliza una décima la meta para el Estado (0,4%), en dos para la Seguridad Social (1,1%) y en otras dos a las comunidades autónomas (0,3%). Para 2019, establece un déficit del 1,1% y cuatro décimas en 2021 -todo para la Seguridad Social-, frente a los objetivos actuales del Gobierno del PP de tres décimas y superávit, respectivamente. Además, ha destacado que la senda contribuye a conseguir un Estado de bienestar "fuerte" y supone un "aval" para la vertebración del Estado de las autonomías. "Necesitamos reforzar hoy más que nunca el discurso sobre el Estado de las autonomías"; ha enfatizado la ministra, frente a las propuestas de centralización de competencias del PP o eliminación de las autonomías por parte de VOX. En este sentido, ha subrayado que el margen de 2.500 millones que ofrece la senda para las autonomías en 2019 ofrece la "consolidación" del Estado autonómico y reconoce que los servicios sanitarios y educativos necesitan un nuevo impulso económico y político. La titular de Hacienda ha defendido que los PGE son de "sentido común" y "lógico" y permitirán la revalorización de las pensiones con el IPC, para lo que se aplicará en el primer trimestre una paga compensatoria por el año 2018 para no perder poder adquisitivo, mayor dotación para dependencia y mayor dotación para las autonomías. En todo caso, ha lamentado que estos argumentos no servirán para convencer a "un bloque radicalizado en el que algunos no están por acordar ni tienen altura de miras". No obstante, la senda previsiblemente saldrá adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos, ERC, PdeCAT, PNV,m Compromís y Nueva Canarias, frente al voto en contra de PP, Cs, UPN, EH-Bildu, Coalición Canaria y Foro Asturias.

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