MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha presentado una proposición de ley en el Congreso con la que sugiere modificar la Ley de Enjuiciamiento para elevar los ingresos mínimos inembargables así como para proteger las ayudas sociales, a la dependencia y las becas y ayudas al estudio, de tal manera que se protejan unos medios económicos que "para muchos ciudadanos constituyen el último amparo ante la pobreza y la exclusión social".
Según consta en la iniciativa, que recoge Europa Press, la actual crisis es "una de las peores de los últimos tiempos", con una manifestación particularmente difícil en el nivel de paro, que ha conllevado un "aumento de la pobreza y del riesgo de exclusión social, agravado por las consecuencias de las políticas antisociales del Gobierno y de algunas comunidades autónomas".
Por ello, ante una tasa de desempleo que supera ya el 27% y que suma más de 6,2 millones de ciudadanos sin trabajo, los socialistas creen necesario proteger los ingresos mínimos y las ayudas sociales que reciben muchas personas.
LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL
Para ello, proponen modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año 2000, con el objetivo de elevar el umbral de ingresos inembargables, de tal manera que en lugar de fijarlo en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no se pueda embargar la cuantía que no exceda de multiplicar el SMI por 1,5.
"La cuantía inembargable se incrementará en un 30% del SMI adicional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares", manteniéndose no obstante los límites porcentuales actuales.
Por otra parte, los socialistas también proponen reconocer como bienes inembargables las "prestaciones sociales destinadas a atender necesidades económicas básicas y, en todo caso, el subsidio por desempleo, la renta activa de inserción, el subsidio para eventuales agrarios, la renta agraria, el programa Prepara y otros análogos, y las rentas mínimas garantizadas a cargo de las comunidades autónomas".
Pero, además, el PSOE reclama que no se puedan embargar tampoco las prestaciones que reciben los dependientes en virtud de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención o sus análogas autonómicas, así como las becas y ayudas al estudio para enseñanza no universitaria o para enseñanza universitaria de grado y posgrado que conceden las diferentes administraciones públicas.
