Aplaude la decisión del instructor de crear una comisión de investigación paralela formada por expertos que él designe
MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que ejerce como acusación popular en la investigación judicial del accidente del avión de Spanair, solicitó hoy al juez instructor Juan Javier Pérez que la compañía aérea deposite una fianza de 154 millones de euros como medida cautelar en concepto de responsabilidad civil, informó hoy a Europa Press el abogado Javier Gallego.
La petición se produce a tenor de la decisión del magistrado de imputar a dos técnicos de Spanair y al jefe de mantenimiento de la compañía por 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones imprudentes. Los imputados tendrán que acudir el próximo 12 de noviembre a declarar ante el magistrado. Se les acusa habida cuenta de las conclusiones aportadas por la Comisión de Investigación de aviación Civil en su informe preliminar, que se hizo público el pasado 9 de octubre.
Respecto a las imputaciones, el letrado de la OID consideró que el juez ha dado "un giro radical" al procedimiento, puesto que ello demuestra que "no se ha dejado influir por nadie". "Creo sinceramente que se la ha tratado de ningunear, se ha cansado y ha dicho basta", aseveró Gallego, quien aplaudió la decisión del instructor de crear una comisión de investigación paralela formada por expertos que designe el propio juzgado.
"El magistrado ha tenido una enorme paciencia con la Comisión de Investigación que ha querido dejarle a los pies de los caballos, pero afortunadamente estamos en un Estado de Derecho y su señoría tiene la última palabra", añadió.
Gallego recordó que la OID pidió hace diez días la declaración como imputados de los responsables de mantenimiento, petición que el juez estimó. "Respetamos la presunción de inocencia, pero es evidente que el juez ha visto una serie de indicios que la OID ya había advertido hace mas de un mes", recalcó.
ARGUMENTOS DEL JUEZ
En un auto dictado ayer, el magistrado fundamenta las imputaciones en las conclusiones del informe preliminar de la Comisión de Investigación. La CIAIAC determinó, según el juez, que "la causa directa de la caída del avión pudo ser el hecho de no estar desplegados los 'flaps' y 'slats' del aparato en el momento del despegue", lo que afectó a "la estabilidad de la aeronave, que entró en pérdida y cayó al suelo".
Respecto a los sistemas sonoros, el instructor recoge también que en el informe de la CIAIAC consta que "no se activó el sistema de alarma por configuración inadecuada para el despegue, que debería haber advertido a la tripulación de una inadecuada configuración de los flaps y slats y de su falta de despegue".
En los argumentos jurídicos, el magistrado menciona que cuando el avión modelo MD-82 se disponía a iniciar el primer despegue sufrió una avería en el sensor del RAT, es decir, en la sonda que mide la temperatura exterior. "Tal avería dio lugar a que el mecánico de Spanair Felipe García Rodríguez desactivase dicho sensor", apunta el juez Pérez.
"En consecuencia, cabe la posibilidad de que la avería en el RAT del 20 de agosto fuera una consecuencia o manifestación de un fallo multifuncional que afectara también al TOWS (la alarma de configuración inadecuada para el despegue), alimentado por el mismo relé", recoge el auto.
Añade que hay que tener en cuenta que "el sistema de 'flaps' y 'slats', cuya configuración inadecuada debe advertir el TOWS, ya había fallado con anterioridad, cabiendo igualmente la posibilidad de que tal avería del sistema de alarma por configuración inadecuada no fuera detectada por el mecánico que efectuó la desactivación del RAT".
LA DECISIÓN ÚLTIMA, DEL COMANDANTE
En cuanto al otro técnico, el instructor apunta que Julio Navarro Balderas asistió a García Rodríguez y propuso "la decisión de despachar el avión, si bien la decisión última correspondía al comandante de la aeronave", Antonio García Luna.
"En relación con ésta y las anteriores averías, podría ser responsable de su no reparación satisfactoria Jesús Torroba Aylagas, jefe de mantenimiento de Spanair en el aeropuerto de Barajas", agrega el auto.
El encargado de investigar el siniestro concluye que estos hechos podrían constituir 154 delitos de homicidio imprudente y 18 de lesiones imprudentes, al apreciar que "existen indicios de la posible participación de estas tres personas en la comisión de estos delitos".
