MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La administración concursal de Carcesa, empresa propiedad de la familia Ruiz-Mateos, ha presentado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz una propuesta de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de contratos para 94 trabajadores, casi un tercio de la plantilla, informaron a Europa Press en fuentes sindicales.
El ERE planteado afectaría a 63 trabajadores fijos-discontinuos y a 31 fijos de las tres plantas que la compañía fabricante de las marcas Apis y Fruco tiene en Mérida, Montijo y Don Benito, en la provincia de Badajoz.
Por su parte, fuentes próximas a la administración concursal informaron a Europa Press de que el expediente está empezando su tramitación, por lo que aún es prematuro detallar el número de trabajadores que finalmente puede quedar incluido en las medidas de regulación de empleo.
Según afirmaron estas fuentes, previsiblemente se podrá aplicar un ERE de extinción para algunos trabajadores, en parte mediante prejubilaciones, y otro temporal a la vez para empleados fijos-discontinuos, dado que "la Seguridad Social ha aceptado que a los fijos-discontinuos se les considere parte de la empresa" para que puedan estar sujetos a un ERE temporal.
En este sentido, los administradores concursales esperan conocer la propuesta de los representantes de los trabajadores para determinar el número de trabajadores que finalmente estarán afectados.
Carcesa fue declarada en concurso voluntario de acreedores el pasado mes de marzo, con un pasivo de más de 100 millones de euros, y en un procedimiento en el que la familia Ruiz-Mateos fue apartada de la gestión.
