MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido su competencia para tramitar la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra a los antiguos gestores de Banca Cívica por los delitos de administración fraudulenta, falseamiento contable, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida, han informado fuentes jurídicas.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta investigar no sólo el proceso de fusión de las cuatro cajas de ahorros que dio origen a la entidad y su posterior salida a Bolsa, que eran los hechos objeto de la querella, sino también otras actuaciones previas de los que fueran gestores de Caja Navarra (CAN).
Estos últimos hechos integran lo instruido hasta este momento por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, que será asumido ahora por la Audiencia Nacional para evitar una división de la continencia de la causa y por considerar el juez que esas actuaciones previstas podrían venir a explicar la insolvencia que llevó a la fusión entre Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol, la ayuda del FROB y la salida posterior a bolsa.
No obstante, el juez de la Audiencia Nacional considera que su compañera de Pamplona debería continuar investigando la no supervisión externa de la actividad de la CAN y Caja Cívica, según las mismas fuentes, ante la ausencia de inspecciones entre 2000 y 2012 puesto que estos hechos serían de repercusión más local y no afectan al resto del territorio nacional. Entre otras diligencias, Velasco acuerda en su auto pedir al Banco de España dos peritos.
En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6, los fiscales Vicente González Mota y Dolores Delgado justificaron la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, porque la integración de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol no se realizó con la idea de actuar en "un territorio concreto" sino en "diferentes comunidades autónomas".
UpyD que también ejerce la acusación popular en la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia, sostenía en su querella que estas operaciones fueron avaladas por los 15 miembros del Consejo de Administración y provocaron que el patrimonio de la entidad se viera reducido de 5.000 a 2.800 millones de euros.
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