El informe del Tribunal de Cuentas subraya que España declaró a la Comisión el 60% de los desembarcos y omitió el 40%
BRUSELAS, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea acogió hoy "con satisfacción" el informe hecho público por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que destaca "deficiencias importantes" en la recogida de datos de pesca, su control y la aplicación de la normativa de la Política Pesquera Común (PPC). El comisario de Pesca, Joe Borg, aseguró que Comisión y Tribunal "coinciden" en la necesidad de "crear un marco de control para que la PPC funcione correctamente".
El Tribunal de Cuentas determinó en su informe que los datos de pesca recogidos en los Estados miembros "son poco fidedignos", "incompletos" y "no sirven para fijar los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas", que los procedimientos nacionales de inspección para detectar y prevenir infracciones "son ineficaces" y que las sanciones impuestas por las autoridades nacionales cuando detectan infracciones "no son lo suficientemente onerosas como para tener un efecto disuasivo".
Asimismo, el tribunal concluyó que la Comisión "carece de poderes necesarios para ejercer una presión oportuna y persuasiva sobre los Estados miembros cuando estos incumplen sus obligaciones". Tampoco, asegura el informe, "dispone de los medios para verificar efectivamente los datos facilitados por los Estados miembros o para evaluar las inspecciones que éstos han llevado a cabo.
El tribunal de Cuentas aduce que estas deficiencias "ponen en peligro el correcto funcionamiento de una política de ordenación de la pesca basada en limitaciones de capturas".
Por otra parte, el Tribunal sostiene que "la capacidad excesiva de la flota se traduce en sobrepesca y en infradeclaración" de capturas y lamenta que la reforma que llevó a cabo Bruselas de la PPC en 2002 confiara "a los Estados miembros la responsabilidad de reducir la capacidad" de su flota.
La Comisión confiaba en que dicha capacidad se reduciría gracias a los incentivos que ofrece a los Estados para reducir la capacidad excesiva a través de ayuda financiera para planes de desmantelamiento.
A juicio de Borg el informe del Tribunal "llega en un momento crucial", cuando la Comisión se prepara para presentar una normativa sobre el control de pesca en la segunda mitad de 2008. "La mayoría de las conclusiones del Tribunal coinciden casi enteramente con nuestros propios análisis", reconoció en alusión a la necesidad de "crear un marco de control de la PPC que funcione correctamente".
AUDITORÍA EN ESPAÑA.
Las conclusiones del tribunal derivan de una amplia auditoría que realizó para analizar aspectos como la recogida de datos de pesca, las inspecciones en barcos y puertos y la aplicación de la normativa que estipula la PPC por parte de las autoridades nacionales de seis Estados miembros: España, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido. También analizó las funciones de control de la Comisión.
En el caso concreto de España, el informe destaca que "no se tienen en cuenta, en el seguimiento de las cuotas" autorizadas "las capturas de los buques de menos de 10 metros de eslora, aún cuando éstos representan una parte significativa de la flota nacional".
Además, como sucede en Italia, el seguimiento del consumo de las cuotas en España "sólo se lleva a cabo a través de un único tipo de documento". El informe destaca además que países como España, Francia, Italia y Reino Unido "no cuentan con un sistema de verificación del seguimiento de la numeración secuencial de las declaraciones" de captura que permita verificar su autenticidad.
El Tribunal de Cuentas también constató en su informe que tanto en España como en Dinamarca los datos de las declaraciones de embarque y las notas de venta de capturas "sólo se cotejan en caso de inspección física".
El informe recalca además que "no se registran las notas de venta correspondientes a productos congelados" ni en España ni en Francia, a pesar de suponen cantidades "significativas", según señala el documento.
Por último, el informe subraya que España declaró a la Comisión en 2005 datos de desembarcos declarados que eran un 40% inferiores a los registrados por las autoridades nacionales que, por su parte, reconocieron a la Comisión "omisiones en las declaraciones" de 148.500 toneladas de pescados no sujetos a cuotas.
España, concluye el informe, no ha sido capaz de "ofrecer una explicación" a Bruselas "sobre las 20.500 toneladas" de diferencia entre las 431.900 toneladas que España capturó y las 262.900 que declaró.
