El juicio se celebrará el próximo 18 de noviembre
MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Pablo Ruiz-Mateos ha abandonado esta mañana la prisión de Aranjuez para sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid, alegando su defensa la prescripción del delito contra la Hacienda Pública que habría cometido en 2006 por defraudar un millón de euros.
La Sección Cuarta ha celebrado esta mañana el trámite de cuestiones previas en la que las partes exponen sus peticiones de cara a la celebración del juicio y proponen documentación.
En el caso del abogado de Ruiz Mateos, ha planteado que el delito contra la Hacienda Pública del que se le acusa a su cliente estaría prescrito, algo sobre lo que se pronunciará la Sala en sentencia.
Varios de los hijos del empresario fallecido José María Ruiz Mateos cumplen prisión por diversas condenas, una de ellas de dos años y medio de cárcel por estafa en la compra de un hotel de Mallorca y otro de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).
El juicio se celebrará el próximo 18 de noviembre. Será cuando Ruiz-Mateos declare ante el tribunal. El acusado afronta una petición fiscal de cinco años de cárcel por defraudar un millón de euros.
Además de reclamar la devolución al erario público de la cantidad de dinero defrauda, el representante del Ministerio Público le exige el pago de sendas multas que suman 3.500.000 euros. Será juzgado este lunes en la Audiencia de Madrid.
Según el escrito de acusación, en 2006 la sociedad Nueva Rumasa recibió 2.103.542,37 euros a través de Hispacom, una de las sociedades que formaba parte de su grupo empresarial, "en virtud de una operación con apariencia de cláusula penal en un contrato de promesa de compraventa de participaciones sociales".
La Fiscalía advierte de que Hispacom era una sociedad sin actividad "creada con el único objeto de obtener un beneficio fiscal ilícito". Y con ese propósito se imputó el ingreso de dicha cantidad de dinero "a pesar de que el beneficiario real era Nueva Rumasa". Por tanto, lo que hizo Hispacom fue presentar en plazo su declaración del impuesto de sociedades correspondiente a 2006 aunque la base imposible del impuesto era de cero euros "dado que la sociedad compensó BBII negativas de ejercicios anteriores".
Sin embargo, el beneficio real de la operación correspondía a Nueva Rumasa que en aquella ocasión estuvo representada por el acusado, "quien participó esta operación con pleno conocimiento de que la sociedad Hispacom carecía de actividad y el objeto de la imputación en esa sociedad era la obtención de un beneficio fiscal ilícito".
