MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
Asaja denunciará ante el Defensor del Pueblo la nueva Ley del suelo, al considerar que, en sus actuales términos, permitirá al Gobierno expropiar a los agricultores el suelo necesario para realizar infraestructuras a un justiprecio que, a su juicio, roza la confiscatoriedad.
"Se trata de un sistema de valoración tremendamente injusto que atenta contra la libertad del mercado, motivo por el cual Asaja se dirigirá al Defensor del Pueblo para solicitar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley", señaló la organización, que confió en que, mientras tanto, los Tribunales de Justicia sigan aplicando, como hasta ahora, en sus sentencias el principio del justiprecio.
El artículo 22 de la nueva Ley del Suelo, referente a la valoración en el suelo rural, deja sin efecto el actual artículo 26 de la Ley del Suelo ya derogada, que establecía el valor del suelo no urbanizable por el método de comparación a partir de valores de fincas análogas.
A partir de ahora, el valor del terreno se calculará por el sistema de capitalización de renta, es decir por el valor de lo que se pueda sembrar o recolectar, independientemente de que ese precio sea infinitamente inferior al de las fincas colindantes o incluso inferior al precio que se adquirió.
Con este nuevo sistema de valoración, Asaja consideró que el nuevo justiprecio del suelo rural resultará "verdaderamente irrisorio", ya que será mucho menor al actual y rondará entre tres y seis euros por metro cuadrado, según los cálculos realizados por esta organización.
A juicio de la organización, en el caso del urbanismo y con la nueva normativa, el agente urbanizador optará por un sistema expropiatorio "absolutamente perjudicial" para los agricultores, tanto por la nueva cobertura legal que justifica el expediente expropiatorio, como por el nuevo método de valoración del suelo rústico, tasado en función de la rentabilidad de la explotación que en muchos cultivos es "ruinosa".
