SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Andalucía (COAG-A) estimó hoy unas perdidas de en torno a los 680 millones de euros en el sector olivarero por los bajos precios del aceite de oliva y propuso el almacenamiento privado de aceite, instrumento que recoge la OCM, como "única solución inmediata".
Según el informe presentado hoy, COAG-A indicó que la provincia de Jaén tendrá unas pérdidas que alcanzarán los 320 millones de euros, en Córdoba llegarían a los 160 millones y en Granada serían de 55 millones de euros.
El informe señala que el sector olivarero andaluz atraviesa una situación de "grave crisis" por una "injustificada" bajada de precios, con un descenso del 30% a los largo de 2008, ya que "si en marzo de 2008 las cotizaciones eran de 2,6 euros por kilogramo, en marzo de 2009 se sitúan en 1,8 euros por kilo, lo que supone una baja superior a los 0,8 euros por kilo".
Según explicó COAG-A, la formación de precios se ha visto perjudicada por el aforo de cosecha realizado por la Junta de Andalucía en el mes de octubre, que estimaba "unas cosechas considerablemente superiores" cuando ha habido "un 15 por ciento menos que la campaña pasada y un 20 por ciento de los aforos de cosecha estimados por la industria".
De igual manera, señaló que con los precios actuales sólo mantienen la rentabilidad las explotaciones de olivar superintensivo, lo que pone "en peligro" el olivar andaluz y la economía de 300 municipios.
En este sentido, apuntó que "no admitirá el apoyo con fondos públicos ni el fomento desde la Administración de las plantaciones superintensivas cuyas necesidades de riego y de tratamientos fitosanitarios las hacen medioambientales insostenibles".
Ante esta situación, la organización agraria destacó que la "única" explicación es "la acción en el mercado de tres grandes empresas que dominan el 60 por ciento de la venta final y que intervienen forzando a los productores a la venta de aceite por debajo de los márgenes de rentabilidad".
MEDIDAS "URGENTES"
COAG pidió la puesta en macha de medidas "urgentes" que aporten soluciones "inmediatas", por lo que propuso, según detalló, lo establecido en la Organización Común del Mercado (OCM) como la posibilidad de articular ayudas para la realización de contratos de almacenamiento privado cuando existan graves perturbaciones del mercado.
Esta solución, según explicó, permite aumentar la liquidez de las cooperativas y almazaras para satisfacer las necesidades económicas de los productores sin necesidad de malvender el aceite.
Para el uso de esta técnica, pidió la actualización del mecanismo previsto, ya que, según detalló, sólo se permite la entrada en funcionamiento de la intervención del aceite de oliva cuando el precio de mercado se encuentra durante mas de dos semanas por debajo de 1.779 euros por tonelada para el aceite virgen extra, de 1.710 para el virgen y de 1.524 para el aceite lampante. "Unos índices que fueron fijados en la campaña 1997/1998", subrayó.
"SIN POSIBILIDAD DE UNIDAD DE ACCIÓN"
Por último, COAG señaló que a pesar de la problemática que atraviesa el sector del aceite "no es posible la unidad de acción con otras organizaciones agrarias porque hay distintos intereses en juego".
Según explica en su informe, la organización agraria Asaja coincide con los intereses de la industria y la gran distribución en cuanto al aumento de la competitividad de las explotaciones, por lo que, según indico COAG-A, Asaja solicita la reconversión del olivar mediante el apoyo de la administración a las nuevas plantaciones superintensivas.
En este sentido, COAG añadió que esta reconversión en una cuenca deficitaria como la del Guadalquivir y con las limitaciones geográficas del territorio andaluz "no es viable para el 80 por ciento de la superficie del olivar".
Por su parte, detalló que COAG defiende la reestructuración del olivar en aquellas zonas en las que ésta sea posible, por la disponibilidad de agua y características del terreno, para facilitar la reducción de costes y el aumento de competitividad, pero sin olvidar el potencial generador de empleo que tiene el sector.
