Actualizado 01/07/2009 21:34 CET

Economía/Agricultura.- Espinosa rechaza "profundamente" la gestión del lino realizada por el PP al frente de Agricultura

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, aseguró hoy "rechazar profundamente" la gestión en materia del lino del Partido Popular en las legislaturas en las que ha estado al frente del Ministerio de Agricultura.

Espinosa, que se encontraba en la inauguración del nuevo centro de visitantes del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca, recordó que hace muy poco tiempo los 'populares' "salieron triunfantes" por culpa de una información "parcial" al tratarse de un parte jurídico, pero que ahora la sentencia del TUE condena al reino de España por un fraude en el lino en la época de Gobierno del PP "que pagarán todos los españoles con sus impuestos".

El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea (TUE) confirmó hoy el grueso de la sanción que la Comisión impuso a España en 2005 por "fraude generalizado" en las ayudas comunitarias concedidas al sector del lino entre los años 1996 y 2000. No obstante, la rebajó de 134 a 129 millones de euros por considerar que en uno de los casos Bruselas no dio suficientes posibilidades a las autoridades españolas para defenderse.

En abril de 2005, la Comisión obligó a España a devolver 134 millones de ayudas al sector del lino tras detectar un gran número de irregularidades. De esta cantidad, 21 millones corresponden a correcciones para el lino en las campañas 1996/1997 y 1997/1998 y a correcciones para el cáñamo en las campañas 1996/1997 a 1999/2000, debido a "carencias importantes en el sistema de control.

Otros 113 millones de euros de penalización corresponden a correcciones para el lino en las campañas 1998/1999 y 1999/2000, debido a "carencias importantes en el sistema de control y a una situación de fraude generalizado". Finalmente, 348.947 euros corresponden a correcciones en el sector del plátano (campaña 2000), debido a "deficiencias en los controles esenciales". España solicitó al Tribunal de Primera Instancia que anulara la decisión de Bruselas.

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