MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) considera que la política en materia de aguas desarrollada durante el pasado año 2007 ha venido marcada, principalmente, por las reformas estatuarias y, en particular, por la "ruptura de los principios de solidaridad territorial, unidad de cuenca y dominio público hidráulico estatal", informó hoy la asociación.
La Federación de Regantes estima que la pretendida titularidad exclusiva sobre las aguas, que se han arrogado algunas reformas estatuarias durante el pasado año, y el respaldo que desde la Administración Central se ha otorgado a algunos estatutos como el andaluz, pueden derivar en 2008 en un modelo autonómico "insolidario" y en auténticas "guerras del agua" entre comunidades autónomas.
En este sentido, Fenacore recordó que esta confrontación política tiene su origen en los recursos que distintas comunidades autónomas, tales como Aragón, Extremadura, La Rioja, Valencia y Murcia, han interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra los estatutos de otras regiones vecinas, por considerar que les privaban de sus derechos sobre el agua, cuando, en realidad, las competencias en materia de planificación fluvial corresponden "única" y "exclusivamente" al Estado Central.
Por otro lado, Fenacore valoró positivamente que en marzo de 2007 el Ministerio de Medio Ambiente retrasara la reunión del pleno del Consejo Nacional de Agua (CNA) con el fin de disponer de más tiempo para estudiar las modificaciones planteadas.
También, la asociación considera que el aplazamiento hasta 2010 de la puesta en marcha de la denominada "tasa por prestación de servicios" y, por otro lado, la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC, son positivas.
Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, "es necesaria la integración de los regantes en los nuevos Comités de Autoridades Competentes de cada confederación hidrográfica, de manera que estos no sean órganos meramente políticos -pilotados exclusivamente por la Administración Central y las autonomías- los que dispongan del máximo poder de decisión, al margen de los Consejos de Cuenca y de los propios usuarios".
Por otro lado, la Federación explica que la decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío constituyó un "reconocimiento explícito" al esfuerzo económico que están realizando los regantes para modernizar sus regadíos y transformar los sistemas de riego de superficie o gravedad -de coste energético casi despreciable- a otros sistemas de riego por presión (aspersión o localizado).
Las nuevas tarifas eléctricas, que deberían haber entrado en vigor el 1 de julio de 2007 tras la prórroga anterior de seis meses concedida por la Administración, hubieran supuesto para los agricultores un incremento de costes en 2008 del orden del 400% en términos de potencia instalada, lo que hubiera puesto en peligro la sostenibilidad de la agricultura, según la federación.
Finalmente, Fenacore reconoce que si bien el Ejecutivo Central contribuyó durante el pasado año -a través de prórrogas como la del Real Decreto Ley de ayudas contra la sequía o la exoneración de los pagos derivados de la utilización del agua para riego- a "aliviar" las pérdidas derivadas de la falta de lluvias, no se avanzó, sin embargo, de manera firme en solucionar el problema de escasez de infraestructuras (embalses y trasvases intercuencas).
