MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobó hoy un decreto por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas regionales de desarrollo rural, en aplicación del reglamento comunitario sobre la ayuda al desarrollo rural mediante el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
La normativa europea especifica que la estructura de programación en España para el período 2007/2013 se basará en un Plan Estratégico Nacional, que indicará las prioridades de la intervención del Fondo y del Estado y un Marco Nacional que contendrá elementos comunes a todos los programas, así como medidas horizontales de aplicación general, programas regionales de desarrollo rural y un programa de la Red Rural Nacional.
Cada programa deberá contar con una autoridad de gestión, responsable de la gestión y aplicación del programa que se caracterice por una separación clara de funciones con los organismos pagadores y de certificación, designados conforme a la normativa comunitaria. Así, se prevé la existencia de una autoridad de gestión por cada uno de los programas regionales y otra para el programa de la Red Rural Nacional.
En este sentido, el nuevo decreto atribuye a la Dirección General de Desarrollo Rural como órgano competente de la Administración General del Estado en materia de desarrollo rural, que actuará como coordinador de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural.
Además, éste órgano será el encargado de centralizar la información que deba ponerse a disposición de la Comisión Europea y fomentar la aplicación armonizada de las disposiciones comunitarias y de las demás funciones previstas en este decreto, que también establece las funciones del organismo de coordinación y las relaciones entre las autoridades de gestión para su mejor funcionamiento.
Finalmente, el Ejecutivo socialista destaca que en la elaboración de este decreto por el que se establece el régimen de coordinación de las autoridades de gestión de los programas regionales de desarrollo rural, han participado las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados, que han sido consultados.
