BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La falta de salida para unas 90.000 toneladas de carbón ha reabierto la crisis de Carbones Pedraforca, empresa que opera en la última mina de carbón de Cataluña, después de que el pasado mes de noviembre se llegara a un acuerdo para garantizar su continuidad hasta 2008, según informaron hoy a Europa Press fuentes sindicales.
La baja demanda de carbón de Carbones Pedraforca por parte de la central térmica de Cercs (Barcelona), que compra la mayoría de su combustible en el exterior, ha provocado que las inmediaciones de la mina de Saldes (Barcelona) acumulen ya un 'stock' de 90.000 toneladas, lo que se acerca a su capacidad máxima.
El responsable del sector de la minería del sindicato Comisiones Obreras de Cataluña, Joaquín Galera, explicó a Europa Press que el Ministerio de Industria no ha cumplido su compromiso de pagar a la compañía por la cantidad producida, antes de su consumo, mientras que Cercs "no se está quedando casi nada" de su producción.
Todo ello está provocando que, según Galera, la situación financiera de la empresa sea "cada vez más insoportable" y que la zona habilitada para el almacenamiento del carbón este llegando a los límites de acumulación. Para este año, el acuerdo prevé que Carbones Pedraforca extraiga unas 150.000 toneladas de carbón, y otras tantas en 2007, último año de vida de la explotación.
La problemática se agrava por el hecho de que es inviable detener los trabajos de preparación de la mina y extracción de carbón, puesto que la instalación "se degrada" si permanece inactiva, explicó Galera.
El responsable de la minería de CC.OO. de Catalunya sostuvo que "los políticos catalanes tienen que tomar un papel importante", por lo que la Federación Minerometalúrgica de CC.OO. de Catalunya ha pedido reunirse con los responsables de la Conselleria de Trabajo e Industria de la Generalitat, que participó junto a dirigentes de Medio Ambiente y Vivienda en las anteriores negociaciones.
PROBLEMA AMBIENTAL.
A principios de noviembre, el Ministerio de Industria se comprometió a sufragar el almacenaje del carbón para poder "compaginar" su extracción con lo que la central térmica de Cercs puede consumir cada año sin sobrepasar los límites de contaminación ambiental.
Debido al alto contenido en azufre del carbón de la explotación de Saldes, éste se mezcla con otros combustibles con el objetivo de no sobrepasar los límites de contaminación ambiental. En los últimos años, el Ministerio también ha sufragado el traslado de parte de este combustible a otra central térmica de Viesgo en Escucha (Teruel).
El Ministerio pactó con la Generalitat y los sindicatos que, en lugar de transportar el carbón a Escucha, pagaría a Carbones Pedraforca para que la central de Cercs pudiera consumirlo en unas cantidades a determinar a través de ensayos ambientales, respetando así los parámetros medioambientales.
Viesgo, que ha declinado realizar inversiones para adecuar la térmica de Cercs a la normativa medioambiental europea, se ha acogido a la normativa europea 'de las 20.000 horas', por la que tendrá que cerrar la instalación cuando haya estado funcionando durante este tiempo a partir del 1 de enero de 2007.
Sin embargo, puesto que el Ministerio correría con los gastos de extracción y almacenaje del carbón de Pedraforca que no se pueda quemar hasta el cierre de la mina, Viesgo podría utilizar el mismo antes del cierre de la central térmica catalana.
Los propietarios de la mina, que emplea a un centenar de trabajadores, han declinado bajar a la capa más profunda de la explotación para seguir extrayendo carbón a partir de enero de 2008 por la complejidad técnica de la operación y para evitar riesgos.
AYUDAS POR EL PLAN DEL CARBÓN.
La reapertura de la crisis de Carbones Pedraforca se produce en plena negociación entre el Gobierno y los sindicatos sobre el Plan del Carbón por el que Catalunya podría recibir ayudas para la reactivación de las comarcas mineras.
El reparto de las ayudas por Comunidades Autónomas, todavía por concretar, está siendo objeto de negociación en Madrid, aunque probablemente Catalunya no recibirá más del 1% del presupuesto total del plan, de 2.800 millones, por su bajo peso en el sector, explicó Galera.
