BRUSELAS, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea acogió hoy con satisfacción la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que condena a España por no haber retirado las condiciones ilegales impuestas a la oferta pública de adquisición (OPA) de la eléctrica E.ON sobre Endesa y dijo que espera que este dictamen sirva para que en el futuro las autoridades españolas no impongan requisitos ilegales a las fusiones energéticas transfronterizas.
"La importancia de la sentencia es sobre todo la jurisprudencia que establece. Clarifica las obligaciones de los Estados miembros. Por ello esperamos que España y todos los demás Estados miembros tomen nota de la sentencia y respetan la legislación comunitaria a la luz de las aclaraciones que ha realizado el Tribunal", dijo el portavoz de Competencia, Jonathan Todd.
"La sentencia del Tribunal de hoy confirma que los Estados miembros no pueden privar a las empresas y a los consumidores de los beneficios del mercado interior, y que la Comisión puede y debe seguir vigilando las medidas nacionales para garantizar que los Estados miembros no impongan restricciones injustificadas a las fusiones transfronterizas que son competencia exclusiva de la Comisión", destacó.
El portavoz indicó además que el dictamen del TUE ratifica que "los Estados miembros deben respetar las decisiones de la Comisión que exigen la retirada de medidas que han sido declaradas ilegales porque crean obstáculos a fusiones de dimensión comunitaria y que no son proporcionadas para la protección de los intereses públicos legítimos".
Todd eludió pronunciarse sobre el motivo que ha llevado al TUE a no pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, es decir, si los requisitos eran o no necesarios para garantizar la seguridad de suministro. Subrayó simplemente que la sentencia deja claro que "España tenía la obligación de respetar la decisión de la Comisión que declaró estas medidas ilegales".
El Ejecutivo comunitario mantiene abierto otro expediente contra España por no haber retirado las condiciones impuestas a la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa, que también han sido declaradas ilegales por Bruselas por vulnerar la libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento.
El portavoz explicó que el Ejecutivo comunitario no tiene intención de momento de seguir adelante con este procedimiento de infracción porque España ha solicitado al Tribunal de Justicia que, como medida cautelar, paralice la orden de retirar las condiciones hasta que haya una sentencia final sobre su legalidad o no. De esta manera, el Gobierno se aseguraría de que el TUE se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Sólo cuando el Tribunal de Justicia dictamine sobre esta petición de medidas cautelares, la Comisión reanudará su expediente contra España por el caso Enel-Acciona.
