MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno considera que se valoró convenientemente la participación que el Estado italiano posee en Enel durante la autorización a la compañía a ejercer sus derechos políticos en Endesa, al establecer la condición de que el grupo italiano informara a la Secretaría General de Energía de su estrategia corporativa si accedía al consejo de administración de la eléctrica española.
En la respuesta a una pregunta del diputado del PP Fernando Castelló, a la que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno elude comentar las declaraciones del ministro de Industria, Joan Clos, en las que señaló que la denominada solución española --integrada por Acciona y Enel-- tenía "más probabilidades" de salir adelante en la oferta pública de adquisición sobre la eléctrica española.
El Ejecutivo estableció como condición que Enel informara a la Secretaría general de Energía de su estrategia corporativa en todos los aspectos referentes a los "intereses esenciales de la seguridad pública española".
Esta condición se aplicaría si, como luego ocurrió, se retiraba la limitación estatuaria al voto en Endesa (fijada en el 10%) o si la italiana entraba en el consejo de Endesa.
En este sentido, el Gobierno explica que la decisión del Gobierno, por la que se concedió a Enel el ejercicio de los derechos políticos derivados de esta participación, fue consecuencia de un expediente tramitado en relación a la ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1999, en el que "se tuvo en cuenta y se valoró" la participación del Estado italiano en Enel.
Estas condiciones fueron impuestas para la compra del 24,99% de Endesa por parte de Enel. En la actualidad, Enel tiene un 67% de la eléctrica y Acciona otro 25%.
El 19 de octubre, Industria retiró varias de las condiciones que la CNE había puesto al lanzamiento de una OPA por el 100% de Endesa, entre ellas la referida a la obligación de informar sobre la estrategia corporativa.
EXPEDIENTE A ESPAÑA POR LA OPA.
Precisamente, la Comisión Europea se prepara en estos días para expedientar de nuevo a España por la negativa del Gobierno a retirar varias de las condiciones impuestas a Enel y Acciona para adquirir Endesa, que fueron declaradas ilegales por Bruselas en diciembre por vulnerar los principios de libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento.
El Ministerio de Industria envió una carta a Bruselas en la que explicaba su posición. El departamento dirigido por Joan Clos no tiene intención de eliminar las condiciones a la OPA de Enel y Acciona porque las considera compatibles con la legislación comunitaria y necesarias para garantizar la seguridad de suministro.
La apertura de un procedimiento de infracción significa que el caso acabará con toda probabilidad ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo a no ser que el Gobierno cambie de idea durante la tramitación del expediente. La Comisión ya ha llevado ante el Tribunal el decreto de febrero de 2005 que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y los requisitos impuestos a la OPA de E.ON sobre Endesa.
OBLIGACIÓN DE MANTENER A ENDESA COMO ESPAÑOLA .
Los requisitos que Bruselas considera incompatibles con la legislación comunitaria fueron dictados por el regulador español de la energía el pasado 4 de julio y modificados en parte por el Ministerio de Industria el 19 de octubre.
Por su parte, la Comisión Europea ve ilegalidad en condiciones como la obligación de mantener a Endesa como empresa independiente, incluida su marca, y su centro de toma de decisiones en España; la obligación de comprar ciertas cantidades de carbón nacional para la generación de energía; y la exigencia de conservar los sistemas de electricidad insulares dentro de Endesa.
El Ejecutivo comunitario cree que tampoco se ajustan a la legislación comunitaria las limitaciones impuestas en el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa y en la política de distribución de los dividendos de la eléctrica española.
