BRUSELAS, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea confirmó hoy que ha recibido la respuesta de las autoridades italianas a la investigación abierta por Bruselas el pasado 11 de junio sobre el préstamo de 300 millones de euros concedido por el Gobierno de Roma para salvar de la quiebra a la aerolínea Alitalia. El Ejecutivo comunitario considera que este préstamo podría constituir una ayuda pública ilegal.
La Comisión explicó que no realizará ningún comentario sobre el contenido de la respuesta de Italia o sobre la investigación hasta que haya concluido.
La decisión del 11 de junio se publicará en el Diario Oficial de la UE en los próximos días. A partir de ese momento, los rivales de Alitalia y todas las partes interesadas tendrán un mes --que podrá prorrogarse para tener en cuenta las vacaciones veraniegas-- para presentar a Bruselas sus propias observaciones.
El préstamo de 300 millones de euros fue aprobado por las autoridades italianas a través de un decreto ley el pasado 22 de abril. Mediante un segundo decreto ley del 27 de mayo de 2008, el Gobierno de Roma autorizó a Alitalia a incorporar esta suma a su capital propio con el objetivo de permitir a la aerolínea conservar el valor de su capital para evitar así la quiebra y permitir su eventual privatización.
El Ejecutivo comunitario considera que "esta medida a favor de Alitalia podría constituir una ayuda de Estado incompatible con las reglas comunitarias en vigor y podría darle una ventaja injustificada respecto a sus rivales", según informó a través de un comunicado.
La compañía de bandera italiana ya ha recibido con anterioridad ayudas al salvamento y a la reestructuración --las últimas se pagaron en el año 2001-- y por ello Bruselas sostiene que el Estado italiano ya no puede conceder nuevas subvenciones al menos hasta el año 2011.
La apertura de la investigación en profundidad permitirá a la Comisión analizar en detalle el contenido de este préstamo y las condiciones en las que se ha concedido a Alitalia para determinar si efectivamente se trata de una ayuda de Estado. En este contexto, el Ejecutivo comunitario estudiará si un inversor privado hubiera actuado de la misma forma que el Gobierno italiano.
