MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
Iure Abogados ha advertido a los cerca de 5.000 inversores en pagarés de Nueva Rumasa de que la familia Ruiz-Mateos pretende "colocar" la responsabilidad del pago de los créditos contraídos contra ellos al Estado español, según informa el despacho en un comunicado.
Los abogados alertaron de que la "verdadera intención" de la escritura que ofrece firmar el emisor de los pagarés a los inversores es quedar "exonerado de la responsabilidad en la atención de los créditos, al quedar liquidada la deuda con motivo de la aceptación de la propuesta".
Tras estudiar el contenido de la oferta lanzada por el propio José María Ruiz-Mateos, que plantea ceder los derechos de cobro derivados de la expropiación de la antigua Rumasa, los expertos señalaron que "no es de esperar que se produzca indemnización alguna por parte del Estado español".
Además, los abogados explicaron que en caso de que los inversores acepten la oferta, deberán entregar los pagarés a Nueva Rumasa un vez llegue su vencimiento, lo que supondría renunciar a la deuda y salir de la lista de acreedores de los distintos procesos concursales de las empresas del grupo.
Iure Abogados añadió que, de esta manera, los inversores únicamente podrán recuperar su dinero en el caso de que el Estado llegue a indemnizar a Ruiz-Mateos. El Tribunal Supremo está pendiente de resolver un recurso presentado por el fundador de Rumasa por la reclamación de 6.000 millones de euros por la expropiación Galerías Preciados.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Hacienda afirmó este jueves que el Estado español "no debe nada a José María Ruiz-Mateos ni a su familia", después de el Tribunal Supremo haya dictado más de 200 sentencias firmes contrarias a los intereses del empresario andaluz, informó en un comunicado.
El departamento de Elena Salgado se considera "obligado" a realizar esta aclaración después de que el fundador de Nueva Rumasa haya ofrecido a los titulares de los pagarés emitidos por el grupo la cesión de sus "derechos de cobro" en los pleitos contra el Estado por la expropiación del antiguo 'holding de la abeja', como una garantía adicional de pago de las aportaciones que les adeuda.
