Las partes negocian subidas de la luz, un bono social y las partidas que se trasladarán a los presupuestos generales
MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Industria y las compañías eléctricas trabajan en los últimos flecos del acuerdo que prevén cerrar antes de fin de año para eliminar el déficit tarifario --diferencia entre costes e ingresos de la generación de energía--.
Fuentes del sector indicaron a Europa Press que los retoques finales incluyen posibles concesiones de las empresas en la minoración de derechos de emisión de CO2 y un gesto con los mayores consumidores eléctricos, esto es, las cinco plantas incluidas en la tarifa G.4, que se liberalizará en enero.
Estos dos aspectos forman parte de un acuerdo mucho más amplio en el que se intenta hacer encajar a partes iguales la contribución de las empresas, de la Administración y de los usuarios, y que, como el propio ministro Miguel Sebastián ha dicho, debe quedar cerrado antes de fin de año si las eléctricas quieren que haya subida de la luz.
En todo caso, los puntos fuertes del acuerdo serán el esfuerzo de los consumidores para soportar subidas graduales en el recibo de la luz de cerca de un 10% anual durante tres años y la financiación por parte de las empresas de un bono social vinculado a la renta para potencias inferiores a 4,4 kilovatios (kW).
Este bono social, junto a la posible renuncia a los derechos gratuitos de emisiones de CO2 y el apoyo a la G.4, configurarán la contribución de las compañías eléctricas, que según Industria deberá servir para asumir un tercio del déficit futuro.
Por su parte, el departamento de Sebastián ha mantenido negociaciones con el Ministerio de Economía para conocer qué partidas de la tarifa no relacionadas con el suministro podrían trasladarse a los presupuestos generales.
Las fuentes indican que en principio las primas a las renovables no se verán afectadas y que, de ser así, sólo lo harían las que recibe la energía fotovoltaica. Este negocio se ha visto sometido a una fuerte especulación y fue responsable de buena parte de la subida del 5,6% de las tarifas que se aplicó en julio.
LA REIVINDICACIÓN DE LAS ELÉCTRICAS.
Las compañías piden al Gobierno que traslade a los PGE algunas partidas de la tarifa eléctrica como los costes extrapeninsulares, el fomento a la eficiencia o algunos impuestos como el IVA o el impuesto eléctrico.
Sobre el IVA, la posición de las empresas contempla una rebaja de esta partida del 16% al 7% que reduciría en torno a 1.000 millones de euros el desajuste del sector eléctrico. Los costes extrapeninsulares rondan los 1.400 millones anuales, frente a los 1.700 millones de los impuestos a la electricidad, los 275 millones del fomento a la eficiencia y los cerca de 950 millones de primas a renovables.
Las eléctricas dicen encontrarse "unidas" en las negociaciones y ser "conscientes de que tendrán que asumir costes". La deuda eléctrica ha crecido de forma exponencial en los últimos años y rondará a finales de año los 15.700 millones en términos acumulados. En 2009, el importe acumulado podría alcanzar los 22.500 millones.
EL EFECTO DEL CO2.
Las eléctricas llevan meses batallando con Industria acerca de la minoración de su retribución de los derechos de emisión de CO2, ampliada por el anterior ministro de Industria, Joan Clos, hasta 2012. La minoración de los derechos de emisión, asignados en un principio de forma gratuita, permite aliviar el déficit del sector. Así, en 2006 recortaron en 1.074 millones el desajuste de 3.046 millones, en 2007 redujeron en unos 100 millones el desfase de 1.223 millones y en 2008 podrían reducir en 1.300 millones el déficit previsto, de 6.716 millones.
