MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Federación Profesional del Taxi ha convocado una manifestación el próximo martes, 14 de octubre, contra la entrada de Uber en Madrid al entender que es una empresa que opera en el sector del transporte de manera "ilegal".
En un comunicado, la asociación detalla que la protesta saldrá desde la Glorieta de Atocha a las 11.00 horas y finalizará en la Plaza de Cibeles sobre las 13.00 horas. La marcha estará encabezada por varios vehículos y prevé la incorporación de otros profesionales del taxi de diferentes autonomías.
Recuerda además que el pasado mes de julio, unos 4.000 taxistas, de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Valladolid ya se manifestaron para pedir al Gobierno que frenara la entrada de las centrales de reserva de Prestaciones de Servicio de Transporte, como Uber.
Expone también que la compañía comenzó a operar en Madrid el pasado el pasado 23 de septiembre y que agotó el viernes el plazo ofrecido por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para presentar las licencias y permisos requeridos para que su actividad pudiera ser considerada lícita.
Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente sancionador a la empresa, y ha anunciado que lo hará a los conductores que trabajen con ella, pudiendo ser sancionados con multas que oscilan entre los 6.000 y los 18.000 euros, y la inmovilización del vehículo en caso de reincidencia.
El presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, ha afirmado que los taxistas agradecen a la Administración que esté emprendiendo acciones legales, pero pide también "que sean rigurosos y ágiles a la hora de aplicar las sanciones correspondientes".
"No podemos permitir que pase como en Barcelona, que se están resolviendo ahora los expedientes abiertos el pasado abril", para añadir luego que "la Consejería se comprometió en una reunión mantenida este lunes, a cerrar los procesos sancionadores que se abran en un plazo máximo de cuatro semanas".
Por otra parte, el colectivo defiende que tanto Uber, como sus conductores, además de ser sancionados por la Consejería de Transporte, deben ser denunciados ante Economía y Hacienda, "al tratarse de una actividad de economía sumergida que opera exenta de pagos y tributos; ante la Seguridad Social, porque los conductores nos están adscritos a su régimen, y ante la Dirección General de Tráfico, al no poseer ningún tipo de carnet que les habilite para el transporte de viajeros".
